La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, presidida por la magistrada Magda Acosta, confirmó que se investiga la posible impunidad en el caso de Sharit Ciro, quien fue asesinada en marzo de 2024. La magistrada cuestionó la libertad de los presuntos responsables debido a irregularidades judiciales y destacó que el proceso aún enfrenta la falta de justicia, lo que ha generado un vacío en el caso. La investigación también examina fallas en el manejo judicial del caso, incluyendo la libertad de los acusados por vencimiento de términos.
La presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, magistrada Magda Acosta, confirmó que se lleva a cabo una investigación disciplinaria para esclarecer las irregularidades judiciales en el proceso por el feminicidio de Sharit Ciro, estudiante de la Universidad del Tolima. En una reciente declaración, Acosta denunció la impunidad que rodea este caso, señalando que aún se investigan posibles fallas judiciales en las decisiones que llevaron a la liberación de los presuntos responsables.
Sharit Ciro, de 19 años, fue engañada con una falsa oferta de trabajo el 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, y posteriormente asesinada. Los presuntos responsables, Santiago Hurtado y Brandon Archila, fueron detenidos, pero ambos quedaron libres por vencimiento de términos. Esta situación ha generado indignación en la comunidad y ha resaltado las fallas del sistema judicial en cuanto al manejo del caso.
La magistrada Acosta señaló que el caso de Sharit Ciro no puede ser ignorado cuando se habla de justicia de género en Ibagué, ya que este caso refleja las profundas fallas en el sistema judicial. “Nos enfrentamos a la impunidad en este caso”, expresó Acosta, al tiempo que advirtió que las decisiones judiciales deben ser evaluadas para determinar si hubo negligencia o irregularidades en el manejo del proceso.
El caso también involucra a Fausto Alexander Silva, padrastro de uno de los acusados, quien está señalado de planear la falsa oferta laboral y tiene antecedentes por otros abusos sexuales, dos de ellos contra menores. Acosta subrayó que este tipo de antecedentes debería haber influido en la pronta actuación judicial, algo que no ocurrió en este caso, lo que ha generado una gran frustración entre las víctimas y la sociedad.
La Comisión Nacional de Género, junto con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, ya ha abierto indagaciones para determinar si hubo fallas en el proceso judicial que permitieron la liberación de los acusados. Acosta afirmó que están tomando las medidas necesarias para esclarecer la situación, y que es fundamental establecer si hubo irregularidades en el juzgado y el tribunal que conocieron el caso.
A pesar de las denuncias y el clamor por justicia, las cifras oficiales de violencia contra la mujer en la región siguen en aumento. Según la Secretaría de la Mujer y las Comisarías de Familia, entre 2024 y 2025 se han reportado 2.264 casos de violencia intrafamiliar en Ibagué, y actualmente hay 8.900 medidas de protección activas. Estos datos subrayan la creciente preocupación por la seguridad y los derechos de las mujeres en el departamento.
Este caso también resalta la necesidad de una reforma en el manejo judicial de los casos de feminicidio y violencia de género, ya que la impunidad sigue siendo una de las principales barreras para obtener justicia. La comunidad y los defensores de derechos humanos esperan que la investigación en curso arroje respuestas claras y que se logre sancionar a los responsables de estas irregularidades.
La denuncia pública y la intervención de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial han puesto en evidencia las deficiencias del sistema judicial frente a casos de feminicidio. Ahora, será necesario que las autoridades competentes actúen para garantizar que este caso no quede impune y que las víctimas reciban la justicia que merecen.
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