La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta decisión, aceptada por la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, convierte a Uribe en acusado formal en el caso de presunto soborno de testigos y fraude procesal.
Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, demandó al congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda estaba preparando una denuncia en el Congreso sobre los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia, en lugar de investigar a Cepeda, abrió un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.
Las acusaciones de soborno están relacionadas con los presuntos pagos a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, ambos encarcelados en las prisiones de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente. Monsalve, exparamilitar, aseguró que hubo una estrategia para convencerlo de declarar contra Cepeda.
Uribe ha insistido durante años en que este caso en su contra tiene motivaciones políticas y carece de pruebas sólidas. En agosto de 2020, renunció a su escaño en el Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema a la Justicia ordinaria. No obstante, la Fiscalía, bajo la dirección anterior, solicitó la preclusión del caso en dos ocasiones, solicitudes que fueron negadas tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá.
El fiscal Villarreal, quien asumió el caso el 16 de enero pasado, anunció el 9 de abril que las evidencias físicas y elementos probatorios justificaban la acusación contra Uribe. Este desarrollo representa un momento histórico en Colombia, dado el estatus y la influencia política del expresidente.
El proceso judicial continuará en el sistema de justicia ordinaria, mientras el país observa con atención las posibles implicaciones legales y políticas de este caso. La aceptación de los cargos por parte de la jueza Heredia marca un hito en la justicia colombiana, subrayando la importancia de la imparcialidad y el debido proceso en casos de alto perfil.
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