Por: Edwin Soto Castro, Comunicador Social – Periodista
Especialista en Comunicación Digital
Mientras la ciudad se escandaliza por la aparición de un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, la millonaria malversación de fondos en la construcción del puente de la calle 60 pasa desapercibida.
En las últimas semanas, Ibagué ha sido escenario de una intensa polémica debido a la aparición de un mural con las frases “Las cuchas tienen razón” y “¿Quién dio la orden?” en el viaducto de la calle 83 con carrera Quinta. Esta intervención artística, para unos, y vandalismo, para otros, ha generado opiniones divididas entre quienes la consideran una expresión legítima y aquellos que la ven como una afrenta al espacio público.
Una de las entidades descentralizadas de la administración municipal no tardó en reaccionar, anunciando acciones legales contra los autores del mural por intervenir sin los permisos correspondientes. Esta postura ha sido respaldada por sectores conservadores que ven en la obra una manifestación inapropiada, mientras otros la consideran una expresión espontánea de reivindicación social y de resistencia en favor de la memoria histórica. Sin embargo, resulta paradójico que, mientras se destina tanta energía y recursos a debatir y sancionar una expresión artística, la ciudadanía permanezca en gran medida indiferente ante escándalos de corrupción que afectan directamente el desarrollo de la ciudad.
Queda claro que a algunos sectores les interesa poco mejorar la cultura de Ibagué, y mucho menos garantizar el acceso a servicios básicos como el agua. Un ejemplo claro es la frustrada construcción del puente de la calle 60 con carrera Quinta. Esta obra, que prometía mejorar la movilidad en Ibagué, estuvo paralizada desde noviembre de 2023 hasta 2024 y finalmente fue liquidada por incumplimiento, al parecer, del contratista. Los ibaguereños aún no dimensionan lo que representa esta obra, ni siquiera como un elefante blanco imaginario para el nuevo rico del Tolima, pues el; fue más importante entre funcionarios y contratistas.
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Aunque las investigaciones penales y disciplinarias de la Fiscalía y la Procuraduría han sido titulares del último año, revelando el perverso plan del exalcalde de venderle humo a la ciudad, el nivel de rechazo ciudadano no se compara con la indignación generada por un mural ubicado varias cuadras más abajo. La Procuraduría General de la Nación ha abierto indagaciones por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de interventoría de esta obra. Se investiga si se cancelaron cerca de $2.000 millones al interventor sin que la obra hubiera avanzado significativamente, involucrando a exfuncionarios de la pasada administración municipal, en cabeza del hoy exalcalde Hurtado. Es alarmante que, pese a la magnitud de estos hechos, la reacción ciudadana sea tan tibia en comparación con la controversia generada por un mural.
Esta actitud refleja una preocupante desconexión entre las prioridades de la comunidad y los verdaderos problemas que afectan su bienestar. Es fundamental que los ibaguereños dirijan su indignación hacia asuntos que realmente impactan en la calidad de vida de la ciudad. La corrupción en proyectos de infraestructura no solo representa una pérdida de recursos, sino que también retrasa el progreso y perpetúa la desconfianza en las instituciones, que anualmente recaudan recursos del predial con la finalidad de garantizar una mejor calidad de vida. Mientras se debate acaloradamente sobre la pertinencia de un mural, el puente de la calle 60 sigue inconcluso porque ni fue ni lo es, y los responsables de su fracaso continúan sin rendir cuentas.
Es hora de que Ibagué reevalúe sus prioridades y exija transparencia y responsabilidad en la gestión pública y de los dirigentes políticos de la ciudad y la región.
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