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¿La seguridad de Ibagué se negocia restringiendo a los motociclistas?

byLaOtraVerdad
20 noviembre, 2026
inActualidad, Editorial, Opinión, Portada
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¿La seguridad de Ibagué se negocia restringiendo a los motociclistas?
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La Alcaldía está a punto de firmar un decreto que prohíbe el parrillero en dos polígonos de Ibagué, de jueves a domingo, desde las 7:00 p. m. La medida puede ser legal y hasta necesaria. Lo que todavía no ha demostrado es que funcione.

Por: EDITORIAL - LAOTRAVERDAD.CO

Un corredor de cien calles

El polígono norte va de la calle 60 a la 164, entre la carrera Primera y la 24C. Más de cien cuadras de largo y casi veinticinco de ancho: barrios residenciales, colegios, talleres, panaderías, la ruta por la que a las siete de la noche vuelve la gente del trabajo. Ahí, y en el centro entre calles 6 y 15, la Alcaldía quiere prohibir que alguien vaya acompañado en moto. Jueves, viernes, sábado y domingo. Sin distinción de sexo ni de edad.

La alcaldesa Johana Aranda ha dicho que la decisión se tomó con base en las observaciones de la Policía Metropolitana, el Ejército y los organismos de inteligencia, y en las cifras presentadas en el último Consejo de Seguridad. Es una explicación razonable en su forma. El problema es el fondo: ni las cifras ni el estudio que supuestamente las respalda se han publicado. Lo que se conoce son dos polígonos, una hora de inicio y una lista de días. Todo lo demás —el diagnóstico, la línea base, los indicadores con los que se evaluará el piloto— sigue siendo una promesa.

Eso no es un detalle administrativo. Es el corazón de la discusión.

Lo que la evidencia ya respondió

Existe un estudio que debería estar sobre la mesa del Consejo de Seguridad: Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia, de Eduard Martínez, Michael Weintraub y Leonardo Bonilla, para la Universidad de los Andes. Evaluó medidas de este tipo en más de 25 ciudades del país, con datos georreferenciados en cinco: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Neiva y Soledad.

Sus conclusiones no son ambiguas. En Barranquilla la restricción redujo el delito dentro del polígono, pero lo aumentó en las zonas vecinas: hubo desplazamiento espacial, no reducción neta. En Neiva y Cartagena no se encontró impacto medible. Y cuando hubo efecto, no se sostuvo más de tres a seis meses ni resistió cambios razonables en el método de estimación.

Hay dos precedentes que ilustran mejor que cualquier modelo. Cali levantó la restricción en 2019, después de un semestre, porque los delincuentes se adaptaron: empezaron a usar dos motos sin parrillero o carros. Medellín la mantuvo tres años y el Tribunal Administrativo de Antioquia la anuló en 2015, al considerar que imponía una afectación innecesaria a miles de ciudadanos.

Frente a eso, los balances oficiales de otras alcaldías —reducciones del 30 %, del 33 %, del 54 %— tienen un problema de método: comparan el antes y el después dentro de la zona restringida, sin grupo de comparación. En los mismos comunicados de Bogotá en los que se celebró una caída del 30 % en hurtos aparece, tres párrafos más abajo, una caída del 9,2 % en las zonas donde no regía el decreto. Un tercio de la mejora ocurría donde no había restricción. Era el calendario, no el decreto.

Nada de esto demuestra que la medida sea inútil en Ibagué. Demuestra que su efecto esperado es modesto, temporal y fácil de desplazar a otra cuadra. Para una ciudad que necesita resultados, eso es una advertencia, no un respaldo.

Ampliarla la vuelve más frágil

Hay un giro jurídico que la Alcaldía debería considerar antes de firmar. La versión clásica del parrillero hombre se defendía con un perfil: el agresor que se moviliza en moto con acompañante masculino. Al ampliar la prohibición a mujeres y menores de edad, la administración renuncia a ese perfil y se queda sin criterio de focalización. Ya no restringe a un sospechoso: restringe una conducta.

Los artículos 13, 24 y 25 de la Constitución no prohíben las restricciones de movilidad. La seguridad y el orden público son fines legítimos, y ninguna autoridad necesita permiso para perseguir el delito. Pero el examen que ha construido la Corte Constitucional —finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto— no se supera con un considerando que diga «recomendación de la Policía». Hay que probar que la medida sirve, que no existe una alternativa menos lesiva y que el sacrificio impuesto a quien la padece guarda proporción con el beneficio que produce.

El tamaño de los polígonos es la mejor pista de dónde falla ese examen. Si el criterio hubiera sido el mapa del delito, los perímetros serían pequeños y quirúrgicos: cuatro manzanas alrededor de un corredor crítico, dos horas, tres días. Un corredor de cien cuadras de largo sugiere otro criterio: dónde se puede montar un retén sin que la operación se vuelva imposible.

La plantilla

Hay un antecedente local que explica por qué esta discusión se siente repetida. En octubre de 2025, mediante el Decreto 0652, Ibagué ya restringió el parrillero —para hombres y mujeres mayores de 18 años, de 9:00 de la noche a 9:00 de la noche del día siguiente— con motivo de las consultas internas del Pacto Histórico. Trece meses después, la misma herramienta aparece en el paquete de fin de año.

Ese es el problema de fondo. Cuando una medida se usa para una jornada electoral, para el puente de Halloween y para el Plan Navidad, deja de ser una estrategia y se convierte en una costumbre. Y las costumbres no se evalúan: se repiten. En el paquete de fin de año, además, el parrillero viaja al lado de la ley seca y de los controles de temporada, que son instrumentos de orden público de corto plazo, no de política criminal. Ahí no hay diagnóstico: hay calendario.

Los taxistas: la sospecha y su antídoto

La coincidencia es un dato, aunque no sea una prueba. El gremio de transportadores tenía un paro aplazado y un ultimátum con fecha. Se reunió con la Secretaría de Movilidad el 19 de noviembre. El decreto se anunció para esa misma semana.

El costo que no se mide

Para miles de hogares ibaguereños la moto no es un vehículo: es la nómina. Es el domiciliario que sale a las siete de la noche, la madre que lleva al hijo al colegio nocturno, el estudiante que comparte el tanque con el hermano, el comerciante que trae la mercancía. Una restricción se escribe en una línea. Su costo se reparte en cien cuadras, cuatro noches por semana, durante los meses que el piloto dure.

Ese costo puede ser justificable. Lo que no es justificable es que nadie lo haya calculado, ni lo haya puesto en la misma balanza que el beneficio esperado. La proporcionalidad no es un adorno de las sentencias: es la pregunta de si el sacrificio de unos cuantos miles de personas se compensa con la seguridad de todos. Y esa pregunta solo se puede responder con números.

La seguridad se negocia en otro lado

La seguridad de Ibagué no se negocia restringiendo a los motociclistas. Se negocia, y ahí sí hay negociación legítima, en la capacidad de investigación, en la Fiscalía local, en la presencia institucional en los barrios, en la reacción oportuna y en la desarticulación de las estructuras que ordenan el hurto y el homicidio. Restringir el parrillero puede facilitar un control. No reemplaza una investigación.

Lo único que no admite negociación es la carga de la prueba. Hoy está del lado de la Alcaldía, y el decreto está a punto de firmarse sin haberla asumido.

Una administración que restringe sin evaluar no está protegiendo a la ciudad. Está comprando tranquilidad a crédito, y la cuota la pagan los que van en la moto.

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