En Ibagué y el Tolima, el periodismo enfrenta un panorama desolador: sin una agremiación fuerte que defienda sus derechos económicos y laborales, muchos medios operan en condiciones precarias, se ven tentados por la pauta oficial y son criminalizados cuando cuestionan el poder. La falta de unidad gremial y de garantías reales para ejercer el oficio ha convertido a la industria de noticias en una suma de islas, frágiles y expuestas.
En Ibagué y el Tolima, la industria de medios de comunicación sobrevive como puede, cada uno desde su orilla, sin una red sólida que los ampare, los defienda o los represente con fuerza frente a los poderes públicos y privados. A diferencia de otros sectores económicos, los medios no cuentan con una agremiación fuerte, robusta, estructurada y comprometida que exija, en bloque, condiciones equitativas y sostenibles para su ejercicio.
Mientras sectores como el agro, el comercio y la exportación tienen a Fenalco, Fedecafé, Analdex o la Cámara de Comercio presionando en bloque para obtener beneficios, derechos comerciales y garantías, los medios de comunicación en el Tolima siguen divididos, gestionando por su cuenta migajas de pauta, sobreviviendo con alianzas riesgosas, cuestionales y muchas veces sin garantías laborales mínimas, porque todo se va en contrato por pocos meses en el año.
Esta falta de unidad tiene consecuencias directas en la calidad del periodismo que se puede hacer, como dijo un colega; puro periodismo básico. En un entorno sin respaldo gremial, sin una visión colectiva, el periodismo se precariza a tal punto que cualquiera dice ser periodista, abre un fanpage de Facebook y cobra contratos por $100 millones de pesos o más. Algunos medios se venden al mejor postor o como algunos le dicen, Periodismo Político, otros apenas sobreviven con recursos públicos que se reparten entre los amigos del poder casos muy puntuales ya se conocen. Lo que queda es un panorama donde la independencia es un lujo y la ética, un riesgo.
No es casual que se hayan cerrado redacción física, como ocurrió con el llamado “Periódico de los tolimenses”, donde algunos de sus exempleados aún reclaman su liquidación de muchos años de trabajo. La migración al modelo digital no siempre responde a una innovación planeada, sino a la imposibilidad de sostener gastos fijos en un contexto hostil para la legalidad, donde las cargas, tributarias impositivas, laborales formales, y comerciales del mercado, son imposibles de cubrir sin respaldo financiero o político.
Hacer empresa en el Tolima —y más aún en el periodismo— es remar contra la corriente. En una región donde los contratos se reparten como favores, el que aplaude obtiene beneficios y el que critica es criminalizado (y sabemos en qué termina esa criminalización). Cuestionar al poder cuesta: se sabotean espacios físicos y digitales, se cierran puertas laborales o comerciales y se perfilan periodistas incómodos para tenerlos en listas negras para tenerlos en el radar y chuzar sus comunicaciones personales. La censura no siempre es explícita; a veces se ejerce con indiferencia institucional cuando no se atienden con diligencia o exclusión económica; cuando en una administración le dan a un solo medio en cuatro años, solo mil cuatrocientos millones o más. Ese lujo lo tienen unos pocos en el sector.
El mayor riesgo es que la ciudadanía termine desconfiando de todos los medios por igual, sin distinguir entre quienes pactan con el poder y quienes luchan por mantener una voz crítica. En ese escenario, la estigmatización se convierte en una condena colectiva que debilita el tejido democrático y refuerza el control de los grupos políticos dominantes.
El problema no es solo económico. Es estructural. No se trata solo de cuánto cuesta legalmente sostener una nómina de 5 personas ($12,000,000 y medio con todo lo de ley) con todas las prestaciones sociales solo pagando un salario mínimo en la actualidad. Se trata de cuántos medios tienen siquiera la opción de operar dentro de la legalidad sin quedar en bancarrota. La informalidad como causalidad de los ultimos 30 años en Ibagué, aunque no se justifique, se entiende cuando el sistema castiga la legalidad y premia la obediencia.
Es urgente construir una agenda común entre los medios del Tolima, una especie de frente de defensa del periodismo como una Cooperativa o Federación, que dignifique su sector económico. No se trata de unirse en ideas editoriales, sino de exigir juntos las condiciones mínimas para poder trabajar con independencia, legalidad y profesionalismo.
La tarea es titánica, pero necesaria. Si los medios siguen operando como islas, el mar de la corrupción, la estigmatización y el clientelismo político terminará por hundirlos uno a uno, obviamente lo que tienen los contratos (Aunque contratar con el estado no es un delito, sino la forma) seguirán hasta que el tiempo y el bolsillo aguante. Solo unidos podrán exigir las garantías que hoy el sistema les niega, y recuperar algo que han perdido peligrosamente: la confianza de la ciudadanía.
Porque al final, la libertad de prensa no se defiende solo con discursos. Se defiende con condiciones reales para ejercerla. Desde esta redacción preguntamos ¿Cuántos periodistas en el Tolima están pensionados? ¿Cuántos medios han aparecido o desaparecidos en los últimos 20 o 30 años? Es para una tarea…
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