La excarcelación de Brandon Archila Cruz, señalado por el feminicidio de Sharit Ciro, debido al vencimiento de términos procesales, ha provocado una “indignación generalizada” y un colapso en la confianza pública en Ibagué y el Tolima. La crisis se agrava con la circulación de un panfleto que ofrece una recompensa monetaria por la “neutralización” del liberado, elevando la falla judicial a una grave alerta de seguridad que instiga abiertamente a la justicia por mano propia.
La ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima se encuentran inmersos en una explosiva crisis institucional y de seguridad, desatada por la liberación de Brandon Archila Cruz, presunto feminicida de la joven estudiante Sharit Ciro, luego de que un juez decretara el vencimiento de términos procesales. Esta polémica decisión judicial, amparada en el estricto cumplimiento del Código de Procedimiento Penal, ha fracturado la confianza pública y ha escalado rápidamente al terreno de la violencia extralegal.
La excarcelación de Archila Cruz del COIBA de Picaleña se concretó tras un polémico fallo ordenado por una instancia judicial, identificado como el Juzgado Séptimo Penal Municipal o el Juzgado 17° Penal Municipal con función de control de garantías. El aparato judicial se vio obligado a acatar la ley que protege el derecho fundamental del procesado a la libertad frente a la incapacidad estatal de cumplir con los plazos procesales establecidos.
Sin embargo, la liberación por la vía del derecho procesal desató una profunda ola de “impotencia y rabia” en el círculo cercano de Sharit Ciro, exacerbando el dolor de la familia y amigos de la víctima. Eduardo Ciro, el hermano de la joven, encapsuló la frustración social con una dolorosa conclusión difundida en plataformas digitales: “La justicia de mi país es un chiste,” criticando abiertamente la ineficiencia del sistema penal colombiano.
La ciudadanía han dirigido sus principales reproches y señalamientos hacia la Fiscalía General de la Nación, identificándola como la responsable directa de la inacción o la negligencia procesal que permitió el vencimiento de los términos legales. La comunidad cuestiona severamente cómo el ente investigador pudo permitir esta falla en la gestión de plazos en un caso de feminicidio de tan alto impacto social y mediático, incluso con detenidos y aseguramiento intramural.
El punto más crítico de esta crisis se materializó con la aparición inmediata de un panfleto digital en redes sociales, de autoría desconocida, que ha puesto a las autoridades en alerta máxima. El documento muestra el rostro de Brandon Archila Cruz, lo etiqueta sin ambages como “FEMINICIDA DEJADO EN LIBERTAD” y llama abiertamente a la población a tomar acciones de justicia por mano propia.
Lo más grave del contenido es que, además de identificar al liberado, el panfleto ofrece explícitamente una recompensa económica por su “paradero o neutralización.” Expertos en seguridad y análisis de conflictos han manifestado su preocupación ante el uso del término “neutralización,” típicamente asociado al argot militar, considerándolo una instigación directa a la ejecución extrajudicial y al asesinato.
Esta acción inmediatamente eleva la falla judicial a una severa crisis de seguridad pública, requiriendo la intervención inmediata de las fuerzas del orden para prevenir el vigilantismo. Las autoridades se ven ahora obligadas a redoblar esfuerzos no solo para ubicar a Archila y prevenir actos de justicia por mano propia, sino también para salvaguardar la vida del liberado ante la amenaza pública de asesinato.
Es crucial recordar el contexto del crimen: Sharit Alexandra Ciro, una joven estudiante de 19 años de la Universidad del Tolima, fue vista por última vez el 7 de marzo de 2023, tras ser engañada con una falsa oferta laboral. La joven fue atraída a través de una cita concertada en redes sociales, una modalidad de engaño que la llevó a reunirse con sus agresores, y su cuerpo fue encontrado sin vida un día después en una zona boscosa de Ibagué.
Archila fue capturado junto a otro sujeto tras una investigación exhaustiva por parte de la Policía y el CTI, que verificaron más de 50 horas de cámaras de seguridad para trazar la cronología de los hechos. Tras la legalización de las capturas, se había dictado medida de aseguramiento intramural en contra de los dos implicados por homicidio agravado, un proceso que ahora se ve truncado por el derecho procesal y que siembra indignación en la comunidad universitaria.
La Fiscalía, por su parte, enfrenta la presión de acelerar los mecanismos de apelación al fallo o de reactivación urgente del proceso. La fallida gestión de los plazos procesales, vista como una omisión inexplicable, ha desatado una ola de desconfianza que amenaza la estabilidad social en Ibagué, ante un llamado público a la violencia que desafía el monopolio legítimo de la fuerza estatal.
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