La Asamblea General de la Universidad del Tolima declaró el 7 de mayo un Estado de Emergencia por Violencias Basadas en Género, exigiendo la separación del rector, la revisión de protocolos y el acompañamiento de organismos de control externo.
El miércoles 7 de mayo, la Asamblea General de la Universidad del Tolima —integrada por estudiantes, docentes y personal administrativo— emitió un comunicado oficial en el que declaró Estado de Emergencia por Violencias Basadas en Género (VBG), al denunciar lo que califica como “crisis institucional” ante respuestas institucionales insuficientes y revictimizantes.
En el texto, la Asamblea exigió la separación inmediata del rector de su cargo mientras avanza el proceso judicial en su contra por presunta violencia de género, argumentando que su permanencia vulnera garantías de las víctimas y fractura la confianza en el debido proceso ético y administrativo.
Los participantes pusieron en evidencia la deficiencia de los protocolos vigentes, especialmente en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde afirmaron que las medidas diseñadas para proteger a las víctimas han terminado “amparando más al acusado que a quien denuncia”, según los testimonios recogidos durante la plenaria.
Además de los casos contra el rector, la Asamblea aludió a una denuncia contra un estudiante del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, señalado por agresiones físicas y psicológicas múltiples, sin que la Universidad haya aplicado hasta ahora medidas preventivas o sanciones provisionales efectivas.
Como parte de sus decisiones, la Asamblea General acordó mantenerse en Asamblea Permanente hasta el viernes 9 de mayo y realizar una toma simbólica de la rectoría como acto de denuncia pacífica, con el fin de visibilizar la urgencia de sus demandas y presionar por cambios estructurales.
Paralelamente, anunció la convocatoria a una audiencia pública triestamentaria —con la participación de estudiantes, profesores y administrativos— y asambleas por facultad para consolidar una agenda programática, definir acciones escalonadas y asegurar la participación democrática de toda la comunidad.
El comunicado también solicita de manera formal la intervención de la Personería Municipal y la Procuraduría Regional, con presencia activa en los espacios de diálogo y seguimiento al cumplimiento de los mínimos exigidos para la protección de las víctimas y la transformación de los protocolos.
Con la pregunta «¿Cómo responder ante la violencia cuando el silencio institucional se vuelve norma?» la Asamblea de la UT marca un llamado a la reflexión colectiva: la salida a la crisis, advirtieron, solo será posible “desde abajo, con voces múltiples y memoria activa”.
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