El exministro de Comercio aseguró que Benedetti, su suegra y Nicolás Petro habrían influenciado nombramientos en la entidad. El ministro del Interior negó las acusaciones y anunció acciones legales.
El exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, lanzó serias acusaciones contra su excompañero de gabinete, Armando Benedetti, actual ministro del Interior, al señalarlo de recomendar allegados para ocupar cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Según Reyes, no solo Benedetti habría intervenido en estos nombramientos, sino también su suegra, Adelina Covo, y Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quienes presuntamente habrían sugerido personas cercanas al hoy ministro para ser vinculadas a la entidad tributaria.
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Reyes fue el primer director de la Dian en el actual gobierno y dejó el cargo el año pasado para asumir como ministro de Comercio, posición que ocupó hasta su reciente salida del gabinete. Sus declaraciones han generado controversia en el ámbito político.
Ante las acusaciones, Benedetti negó rotundamente haber influenciado los nombramientos y anunció acciones legales contra Reyes. “He dado poder a mi abogado para que adelante las acciones legales a las que haya lugar por su infamia”, manifestó el ministro del Interior en su cuenta de X (antes Twitter).
Sin embargo, Reyes respaldó sus señalamientos con una supuesta prueba: un pantallazo de una conversación con Benedetti en la que este le recomienda tres personas para ocupar cargos en las oficinas de la Dian en Barranquilla y Cartagena.
La revelación ha provocado reacciones divididas en el gobierno y la opinión pública. Mientras algunos sectores piden que se investiguen las denuncias, otros critican la filtración de chats privados como mecanismo para dirimir disputas políticas.
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La Dian, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha confirmado si las personas mencionadas en la conversación fueron efectivamente contratadas.
Se espera que en los próximos días la controversia continúe escalando y que las autoridades competentes determinen si existió o no una indebida injerencia en los nombramientos dentro de la entidad.
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