Un reloj Cartier valorado comercialmente en cerca de $57 millones y prendas de Carolina Herrera estimadas en $12,8 millones reavivaron las preguntas sobre el patrimonio de la alcaldesa de Ibagué. La mandataria no precisó cómo adquirió los artículos y también surgieron versiones sobre una eventual relación con una contratista del municipio, sin que exista hasta ahora prueba concluyente de una financiación irregular.
El patrimonio y los artículos de lujo que utiliza la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, volvieron a generar controversia luego de una investigación periodística que examinó el valor comercial de algunos accesorios y prendas que la mandataria ha lucido en diferentes apariciones públicas. El informe puso el foco en un reloj Cartier y varias piezas de Carolina Herrera, cuyo valor conjunto de referencia se aproxima a los $69,9 millones.
La investigación, publicada por la Unidad Investigativa de El Olfato el 15 de noviembre de 2026, identificó un reloj Cartier Santos cuyo precio comercial de referencia rondaría los $57 millones. La publicación comparó ese valor con el salario mensual de la alcaldesa, superior a los $23 millones, y planteó interrogantes sobre las circunstancias en las que habría adquirido el accesorio.
A esta pieza se suman prendas y accesorios de Carolina Herrera que, según los precios comerciales consultados, representarían aproximadamente $12,8 millones. Entre los artículos identificados figuran un vestido camisero bordado de $5.990.000, una falda de $4.700.000, otro vestido de $1.000.000 y un cinturón de $1.180.000. La suma con el reloj alcanzaría cerca de $69,9 millones, aunque estos valores no permiten establecer el precio efectivamente pagado.
Derecho de petición y preguntas sobre el origen de los artículos
Los cuestionamientos también se trasladaron al terreno de la transparencia patrimonial. El 27 de julio de 2026, un periodista presentó un derecho de petición ante la Alcaldía para conocer si el reloj Cartier había sido comprado con recursos propios, recibido como regalo, prestado o adquirido mediante alguna otra modalidad. La solicitud también preguntó por la fecha de adquisición, el establecimiento comercial y el origen del dinero utilizado.
El requerimiento incluyó las prendas de Carolina Herrera y preguntó si fueron compras personales, obsequios, intercambios comerciales, préstamos o patrocinios. Además, buscaba establecer si alguno de estos artículos pudo estar relacionado con gastos de representación, actividades logísticas o recursos vinculados a contratos celebrados por la administración municipal.
Según lo divulgado por El Olfato, la respuesta de la alcaldesa no aclaró de manera puntual las modalidades de adquisición. Aranda sostuvo que la compra, tenencia y utilización de prendas y accesorios personales pertenecen a su ámbito privado y no corresponden a las funciones de la Alcaldía. Por ello, permanecieron sin respuesta pública varios de los interrogantes formulados en el derecho de petición.
Versiones sobre contratistas y antecedentes patrimoniales
La controversia tomó otra dimensión por versiones atribuidas a fuentes cercanas al Gobierno Municipal, que señalarían una posible relación entre algunos artículos y una contratista vinculada a servicios logísticos de la Alcaldía. Los testimonios mencionados en la investigación plantean interrogantes sobre contratos y eventuales vínculos con la adquisición de bienes de lujo. Sin embargo, estas versiones no constituyen pruebas de financiación irregular ni permiten atribuir responsabilidades individuales.
El debate también se relaciona con los antecedentes de la contratación municipal. En enero de 2026, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe sobre cinco empresas que habrían acumulado contratos por más de $111.000 millones con la administración de Ibagué entre enero de 2024 y noviembre de 2025. Entre ellas figuró León Gráficas Ltda., empresa vinculada al sector logístico, con 12 contratos por más de $17.620 millones. El informe no demuestra que esos recursos hayan financiado compras personales de la alcaldesa.
Los interrogantes sobre los bienes de Aranda también tienen antecedentes. En septiembre de 2024, El Olfato publicó información sobre una camioneta Mercedes-Benz GLE 450 híbrida, modelo 2020, cuyo valor de referencia se acercaba a los $300 millones y que aparecía registrada a nombre de la mandataria desde noviembre de 2023. La publicación también examinó la adquisición de una vivienda ubicada en el sector de El Vergel, asuntos que alimentaron el debate sobre la evolución de su patrimonio.
Más allá de las marcas y los precios, el centro de la discusión está en la necesidad de establecer con claridad el origen de los bienes y descartar eventuales conflictos de interés con personas o empresas que mantienen relaciones contractuales con el municipio. La utilización de artículos costosos no representa por sí misma una irregularidad, pero las posibles conexiones con contratistas sí ameritan explicaciones y verificaciones cuando existen señalamientos concretos.
El caso deja varios interrogantes para la administración de Ibagué: ¿cómo fueron adquiridos el reloj y las prendas?, ¿existieron regalos, patrocinios o préstamos?, ¿hay alguna relación entre esos artículos y personas que contratan con el municipio? La respuesta de la alcaldesa y la revisión de los documentos pertinentes serán determinantes para establecer si se trata exclusivamente de decisiones de consumo personal o si existen circunstancias que deban ser examinadas por los organismos de control.




