La magistrada de la Corte Constitucional presentó un impedimento para participar en la discusión sobre la reforma pensional, luego de acceder a un beneficio incluido en la norma. Su ausencia en la votación podría afectar la decisión final sobre la viabilidad de la reforma impulsada por el Gobierno.
La magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, se apartó del debate sobre la reforma pensional luego de acogerse a un beneficio contemplado en la misma ley que actualmente estudia el alto tribunal. Su impedimento fue presentado ante la Sala Plena y será aceptado, dejando la decisión en manos de los ocho magistrados restantes.
Fajardo logró trasladarse de manera acelerada de un fondo privado a Colpensiones, amparada en un artículo de la reforma que permite a las mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y a los hombres con 900 semanas, cambiar de régimen si están a menos de 10 años de pensionarse. Este cambio generó cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses en la magistrada.
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Con su salida del debate, la composición de la Corte para decidir el futuro de la reforma pensional cambia significativamente. Actualmente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha presentado una ponencia que propone tumbar la norma, lo que genera expectativas sobre el desenlace de la discusión.
La Corte Constitucional ahora deberá tomar una decisión con solo ocho magistrados en la votación, lo que incrementa las probabilidades de un empate. En caso de que esto ocurra, la ley establece que se deberá nombrar un conjuez, lo que podría prolongar el proceso y retrasar un pronunciamiento definitivo.
Este escenario añade incertidumbre al futuro de la reforma pensional, que ha sido una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro. La medida busca modificar el sistema de pensiones en el país y ha generado un intenso debate entre diferentes sectores políticos y económicos.
Por su parte, sectores de la oposición han manifestado su preocupación por la viabilidad de la reforma, mientras que el Gobierno defiende su constitucionalidad y la necesidad de implementar cambios en el sistema pensional. La decisión de la Corte será clave para definir el rumbo de esta política pública.
El retiro de Fajardo del debate también ha avivado el debate sobre la ética en la toma de decisiones dentro de la Corte, ya que algunos analistas consideran que su caso demuestra la posibilidad de conflictos de intereses en la evaluación de reformas estructurales.
A medida que avanza la discusión, el país sigue atento al pronunciamiento del alto tribunal, que definirá si la reforma pensional impulsada por el Gobierno se mantiene o es declarada inconstitucional.
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