La construcción de un puente elevado en Ibagué, Colombia, ha causado gran preocupación entre los comerciantes y los posibles sucesores del actual alcalde, debido a las cuestionadas licitaciones de obra e interventoría, valoradas en $42.000 millones. Marco Hincapié, precandidato a la Alcaldía, ha sido uno de los más críticos del proyecto, y ha anunciado que solicitará vigilancia especial para este proyecto ante la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Además, acudirá a instancias internacionales, buscando el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para que apoye al Municipio en la conformación de un grupo multidisciplinario que luche contra la corrupción en Ibagué.
Hincapié ha expresado su preocupación acerca del tiempo de ejecución del proyecto, que según el contrato, es de ocho meses, y ha manifestado que un viaducto de tal magnitud tarda, como mínimo, dos años en ser construido. Por esta razón, radicará en Bogotá la solicitud de vigilancia al proceso de la calle 60 en cada una de las oficinas de los entes de control, con el fin de evitar que se pierda ni un centavo y no se genere otro elefante blanco.
Además, Hincapié ha denunciado varias inconsistencias en el proyecto, incluyendo una posible inhabilidad de uno de los integrantes del Consorcio Conexión Vial 60, contratista encargado de la interventoría, y un conflicto de intereses entre el representante legal del consorcio y el gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Ibagué, quien es cercano al actual alcalde.
También se ha señalado que la solución propuesta es la más compleja y la más costosa, y que el viaducto contratado es apenas la primera fase de un proyecto que consta de tres etapas. La administración actual no dejará ni un solo peso para construir las dos fases restantes, lo que podría dejar la obra a medias y desfinanciada.
En caso de llegar a la Alcaldía de Ibagué, Hincapié ha anunciado que su administración no dará ni un centavo más de los ibaguereños en adición presupuestal a esa obra y no se hará adición en tiempo. Aplicará todas las cláusulas que permite la ley para obligar a los contratistas a cumplir con el contrato y entregará a los entes de control toda la información necesaria para garantizar la transparencia en el proceso.
La situación en Ibagué no es única, ya que la corrupción en proyectos de construcción es un problema en toda Colombia. Según Transparencia por Colombia, “la corrupción en el sector de infraestructura vial está muy presente en la fase de diseño y planificación de los proyectos, pero también en la fase de ejecución de las obras”. Además, el informe del Índice de Percepción de Corrupción de 2021 ubicó a Colombia en la posición 96 de 180 países, lo que sugiere que aún hay mucho trabajo por hacer para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Finalmente, La construcción de un puente elevado en Ibagué, Colombia, ha generado gran preocupación debido a cuestionamientos en las licitaciones y la interventoría de la obra, valorada en $42.000 millones.