La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está cubriendo los 46 municipios con $15.900 millones, pero alertó que los recursos solo alcanzan hasta la primera semana de octubre. Solicitó apoyo urgente al Gobierno Nacional para garantizar el servicio hasta fin de año.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reiteró su compromiso con el PAE, asegurando que en los 46 municipios se está entregando la alimentación escolar con recursos por $15.900 millones propios, además de los aportes del Gobierno Nacional.
Matiz expresó que aunque el programa funciona actualmente, enfrenta un horizonte crítico porque los fondos asignados se agotan en apenas unas semanas. “El PAE solo está garantizado hasta la primera semana de octubre … necesitamos que nos ayude el Gobierno Nacional para poder culminar la entrega de la alimentación escolar a los niños del Tolima durante el resto del calendario escolar”, manifestó.
La mandataria recordó que el beneficio alcanza a 85.990 niños, niñas y adolescentes distribuidos en los 46 municipios del departamento. Matiz destacó que la entrega de alimentos se está haciendo de manera continua, aunque declaró que en caso de faltar recursos podría generarse una interrupción del servicio.
En Ibagué, sin embargo, aclaró que la administración del PAE es competencia de la Alcaldía, lo que distingue su gestión de la del resto del departamento. Esto marca una diferencia en responsabilidades administrativas y operativas.
El tema surge en medio de controversias nacionales: el presidente Gustavo Petro había denunciado presuntas irregularidades en el manejo del PAE en Tolima, incluida la acusación de que se estarían desviando recursos y usando intermediarios sin función social clara.
Matiz rechazó esas acusaciones, defendiendo que la contratación de operadores se ha realizado mediante licitación pública, siguiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993, y que la ejecución del programa está soportada y documentada en el departamento.
Para asegurar la continuidad del servicio una vez se agoten los recursos actuales, la gobernadora y la UApA acordaron una hoja de ruta y cronograma con el Gobierno Nacional. También se programó una cumbre en Ibagué con alcaldes municipales para explorar vías de financiación adicional y reforzar mecanismos de apoyo institucional.
Matiz manifestó que esta insistencia ha llegado a ser personal: “He insistido ante las autoridades nacionales, aún poniendo en riesgo hasta mi propia vida ante los reclamos … con la certeza de que el servicio se presta y de que lo estamos haciendo bien.” Con esa frase resume su postura: transparencia, urgencia y responsabilidad.
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