La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción contra el oficial por el uso desproporcionado de la fuerza y la violación del derecho a la vida durante las protestas de 2021.
La Procuraduría General de la Nación ha proferido un fallo histórico al sancionar con destitución e inhabilidad general por 14 años al mayor en retiro de la Policía Nacional, Jorge Mario Molano Bedoya. Esta decisión responde a los hechos ocurridos el primero de mayo de 2021 en Ibagué, donde el uso excesivo de la fuerza terminó con la vida del joven Santiago Andrés Murillo Meneses. El organismo de control determinó que el oficial actuó de manera irregular durante las jornadas de protesta social que sacudieron al país en ese año, marcando un precedente en la justicia disciplinaria contra miembros de la fuerza pública.
El Ministerio Público fue enfático al señalar que Molano, dada su alta jerarquía y formación dentro de la institución, tenía pleno conocimiento de los protocolos internacionales y nacionales sobre el uso de armas de fuego. Las directrices para el manejo de manifestaciones sociales son claras al restringir el uso de fuerza letal, un mandato que el procesado decidió ignorar deliberadamente según las pruebas presentadas. En lugar de proteger a la ciudadanía, el oficial optó por un accionar que se alejó de los parámetros legales que rigen el orden público en Colombia.
La investigación permitió establecer que el comportamiento del uniformado no fue un error táctico ni un accidente, sino una conducta calificada como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. Esto significa que el mayor (r) actuó con plena voluntad y conciencia del daño que podría causar, entendiendo perfectamente el carácter antijurídico de sus movimientos en el terreno. La justicia disciplinaria subrayó que no hubo justificación alguna para disparar su arma de dotación contra la integridad del joven Santiago Murillo.
Para el ente de control, el derecho fundamental a la vida es el bien supremo que el Estado y sus agentes deben salvaguardar bajo cualquier circunstancia, especialmente en contextos de tensión social. La actuación de Molano Bedoya representó una fractura total del compromiso constitucional que juró defender al ingresar a la Policía Nacional. Al disparar contra un civil desarmado, el oficial vulneró los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad que son pilares fundamentales para el ejercicio de la autoridad en una democracia moderna.
El fallo resalta que la formación técnica del disciplinado le permitía prever las consecuencias letales de su intervención, lo que agrava su responsabilidad frente a la sociedad y las víctimas. La muerte de Santiago Murillo Meneses se convirtió en un símbolo de los excesos cometidos durante el Paro Nacional, y esta sanción busca reparar, desde la vía administrativa, la confianza institucional. El documento oficial insiste en que la disciplina policial no permite interpretaciones subjetivas cuando se trata de la protección de la vida humana.
Durante el proceso, se recolectaron testimonios y pruebas balísticas que permitieron reconstruir los últimos minutos de la víctima en las calles de la capital del Tolima aquella tarde de mayo. El mayor Molano, quien se desempeñaba como comandante de sección en ese momento, no pudo desvirtuar las pruebas que lo señalaban como el autor material e intelectual de la agresión. La decisión de la Procuraduría cierra un capítulo importante en la búsqueda de responsabilidad, aunque aún quedan procesos penales en curso contra el exoficial.
A pesar de la contundencia de la sanción de primera instancia, la defensa del mayor (r) Jorge Mario Molano Bedoya aún cuenta con herramientas legales para intentar revertir o modificar la decisión proferida. Según el marco normativo vigente, contra este fallo procede el recurso de apelación, el cual será concedido en efecto suspensivo ante el despacho del procurador General de la Nación. Esto implica que la sanción no quedará en firme hasta que el máximo jerarca de la entidad revise los argumentos y confirme o revoque lo actuado.
La comunidad de Ibagué y los familiares de Santiago Murillo han recibido la noticia como un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de abuso policial. Este caso sigue bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos que vigilan de cerca el cumplimiento de las penas impuestas a agentes del Estado. La inhabilitación por 14 años impide que Molano ejerza cualquier cargo público, asegurando que no vuelva a portar un uniforme ni a representar a la autoridad estatal en el futuro cercano.
