El Ministerio de Defensa confirmó que más de 20 capturados por el secuestro de 57 soldados en el Cañón del Micay quedaron en libertad por falta de pruebas. Alerta sobre una nueva concentración forzada de personas con fines violentos en El Plateado, promovida por disidencias armadas.
El Ministerio de Defensa Nacional confirmó que las autoridades judiciales dejaron en libertad a más de 20 personas que habían sido capturadas como presuntos responsables del secuestro de 57 militares ocurrido en días pasados en el sector del Cañón del Micay, Cauca. Según informó el ministro Pedro Sánchez, la decisión se tomó debido a la falta de pruebas concluyentes para mantenerlos detenidos.
El hecho ha generado preocupación en las Fuerzas Militares, que habían atribuido el secuestro a la estructura armada residual ‘Carlos Patiño’, una disidencia de las antiguas FARC bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. La acción fue ampliamente condenada por el Gobierno Nacional y encendió las alarmas sobre el creciente control de grupos armados ilegales en la región.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa advirtió este mismo martes sobre una nueva amenaza: una posible concentración forzada de civiles en El Plateado, también en el Cañón del Micay. Esta acción estaría siendo promovida por los mismos actores armados con el fin de impedir operaciones de la Fuerza Pública y, eventualmente, facilitar nuevas acciones violentas como secuestros.
“Esta conducta se traduce en delitos graves como el secuestro extorsivo y el ataque a servidor público, sancionados con penas superiores a los 40 años de cárcel”, enfatizó el Ministerio. También reiteró que estas prácticas violentas representan un grave atentado contra el orden constitucional y la integridad de los militares desplegados en la zona.
El Gobierno Nacional hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, organismos internacionales y comunidades locales para evitar cualquier alteración del orden público y proteger la vida de los civiles y los integrantes de la Fuerza Pública. La situación sigue siendo crítica en esta zona del sur del país.
El ministro Pedro Sánchez reiteró que el camino hacia la paz debe estar basado en el respeto por la legalidad, el diálogo y la inversión social sostenida, e insistió en que el Estado no se retirará de estos territorios, pese a las presiones violentas. “Seguiremos avanzando con proyectos en salud, educación, infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos y acceso a tierras”, afirmó.
La Fuerza Pública mantendrá su presencia en la zona cumpliendo su misión constitucional, con énfasis en el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, según precisó el comunicado. Los operativos de control continuarán para impedir que estructuras armadas sigan instrumentalizando a la población civil.
Los recientes eventos también abren un debate sobre la capacidad del sistema judicial para procesar este tipo de delitos en contextos de conflicto armado, especialmente cuando la recolección de pruebas se ve limitada por la presión de grupos ilegales y el temor de las comunidades afectadas.
El Ministerio de Defensa concluyó reafirmando que la seguridad territorial no puede depender del uso de la fuerza únicamente, sino que requiere de una política integral que articule justicia, desarrollo social, garantías para las víctimas y un Estado presente y permanente en los territorios históricamente golpeados por la violencia.
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