El ministro Daniel Rojas Medellín anunció que solicitó visitas de inspección al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y al Conservatorio del Tolima tras denuncias sobre un presunto uso político de estas instituciones educativas.
A través de su cuenta en X, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, reveló que ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el presunto uso de instituciones de educación superior del Tolima con fines políticos.
Según el funcionario, los señalamientos involucran al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y al Conservatorio del Tolima, entidades que, de acuerdo con las versiones conocidas, estarían siendo utilizadas con propósitos distintos a su misión académica.
Ante la gravedad de las acusaciones, el ministro informó que solicitó formalmente a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio adelantar las visitas técnicas correspondientes para verificar la situación.
De acuerdo con los documentos oficiales conocidos, las visitas al ITFIP fueron programadas para los días 24 y 25 de febrero de 2026, mientras que en el Conservatorio del Tolima se realizarán el 3 y 4 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Las comunicaciones, firmadas por el subdirector técnico de Inspección y Vigilancia, Harold Antonio Hernández Molina, precisan que el objetivo es constatar el cumplimiento de las normas de educación superior y de las disposiciones estatutarias internas.
El Ministerio recordó que su competencia en materia de inspección se enmarca en la verificación del cumplimiento normativo y la garantía de transparencia en la gestión de las instituciones de educación superior del país.
En su pronunciamiento público, Rojas Medellín señaló que durante su recorrido por el departamento del Tolima recogió denuncias de la comunidad académica y de la ciudadanía, las cuales serán evaluadas en el marco de las visitas oficiales.
Mientras avanzan las diligencias, se espera que las autoridades educativas determinen si existen o no irregularidades, reiterando que la prioridad es preservar la autonomía universitaria, la legalidad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
