Leidy Carolina Torres Hernández.
Abogada.
Lo que ocurre en Ataco no es un problema aislado: es una amenaza para el conjunto del sur del Tolima y para la capacidad del Estado de proteger su territorio. El sur no puede acostumbrarse a que sus ríos sean intervenidos, sus ecosistemas destruidos y sus comunidades vivan bajo la amenaza de economías ilegales y de la presunta presencia de estructuras disidentes de las FARC.
Ataco enfrenta una realidad que exige mucho más que operativos ocasionales. La minería ilegal amenaza el patrimonio ambiental, las actividades productivas y la tranquilidad de sus habitantes. Según Cortolima, más de 230 hectáreas de cobertura vegetal han sido afectadas en el municipio, junto con daños en los ríos Saldaña y Atá.
La alerta ya es regional. La Defensoría del Pueblo advirtió que esta actividad, presente en Ataco desde hace aproximadamente dos años, se ha extendido hacia Chaparral y Coyaima. Su informe señala cerca de 200 máquinas dedicadas a la explotación y la llegada de aproximadamente 5.000 personas atraídas por esta economía. También advierte sobre riesgos de expansión hacia Rioblanco y Planadas.
Las consecuencias van más allá del daño ambiental. La minería ilegal puede competir con las actividades agropecuarias por el agua, la mano de obra y el uso del suelo; por lo cual debilita la economía campesina y compromete la seguridad alimentaria. A estas presiones se suman amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad y muertes violentas. Según palabras de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, esta misma semana tres personas fueron asesinadas y otras tres se encuentran desaparecidas en el sur del departamento, presentáneamente, a causa de las dinámicas de la minería ilegal.
Según la Defensoría, Atacó pasó de cuatro homicidios en 2025 a 27 en lo corrido de 2026, hasta el 17 de septiembre. Corresponde a las autoridades esclarecer estos hechos y determinar sus responsables, así como establecer si existe alguna relación con las economías ilegales presentes en la región. Lo cierto es que la gravedad del panorama exige una respuesta que proteja efectivamente a la población.
La Gobernación del Tolima y la Fuerza Pública han adelantado operativos, pero destruir maquinaria no basta. Es necesario identificar a quienes financian y comercializan el oro ilegal, en que mercados operan sus redes y judicializar a los responsables, iniciar un plan de recuperación de los ecosistemas afectados e impedir que estas actividades se sigan fortaleciendo, como va en lo corrido de los últimos dos años.
Por ello, las autoridades regionales deben promover ante el Gobierno nacional la convocatoria del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (CONADELF), con el propósito de articular una estrategia que combine control de la explotación ilícita, investigación de sus redes económicas, recuperación ambiental y protección de las comunidades.
El sur del Tolima ha soportado décadas de conflicto y merece construir un futuro distinto. Necesita un Estado capaz de defender la vida, proteger el agua y respaldar la economía campesina. Porque cuando se saquea el territorio, no solo se pierde naturaleza: también se pone en riesgo la vida, la dignidad y la posibilidad de permanecer en la propia tierra. Y el sur del Tolima no puede volver a pagar ese precio.
