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Titular corto
Ministerio cuestiona a 14 municipios del Tolima por no invertir en seguridad
Sumario
Una alta funcionaria del Ministerio del Interior, Ángela Moreno, reprochó que 14 municipios del Tolima no han ejecutado ningún proyecto de seguridad durante 2025, pese a contar con recursos asignados. El llamado se centra en la necesidad de gestión, disciplina administrativa y acción inmediata para que esos fondos no se pierdan.
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Cuerpo de la noticia
El Ministerio del Interior lanzó un fuerte llamado de atención ante los alcaldes de 14 municipios del Tolima durante un comité de seguimiento, tras revelarse que ninguno ha ejecutado ni un peso en proyectos de seguridad durante lo que va de 2025. La denuncia fue hecha por Ángela Moreno, quien les reprochó haber recibido financiación pero no cumplir con los compromisos de presentación, corrección o ejecución de los planes.
Moreno enfatizó que el problema no es la falta de recursos, sino la gestión local, la capacidad de ejecución administrativa y la disciplina para cumplir los cronogramas. “El Ministerio les entrega los recursos y hace seguimiento, pero quienes deben llevar la construcción a feliz término son ustedes”, afirmó, señalando que los municipios tienen la responsabilidad última de sacar adelante los proyectos.
El señalamiento fue público: “No hemos sido juiciosos.” En ese sentido, Moreno reprochó que no exista constancia de aprobación de ningún proyecto en los territorios señalados, a pesar de años anteriores de inversiones y de contar con las líneas de financiación ya dispuestas. Exigió que los municipios presenten las solicitudes, subsanen los documentos requeridos y activen las iniciativas sin más dilación.
Dos líneas concretas de financiación fueron mencionadas por la funcionaria como suficientes para comenzar la transformación: la primera orientada a tecnología y seguridad urbana (cámaras, centros de monitoreo, sistemas digitales) y la segunda destinada a movilidad para la Fuerza Pública (bicicletas, camionetas, camiones). Según ella, estas vías podrían reforzar la seguridad local si se activan.
Entre los municipios incluidos en la advertencia figuran Ibagué, El Espinal, Ambalema, Alpujarra, Villarrica, Coello, Santa Isabel, Rovira, Saldaña, Carmen de Apicalá, Venadillo, Natagaima y Mariquita. En muchos casos, los mandatarios locales no han subsanado documentos exigidos o no han reintegrado saldos o rendimientos financieros, lo que podría acarrear sanciones administrativas.
La gravedad del asunto se percibe en lo que está en juego: cada peso no ejecutado equivale a una cámara que no se instala, un patrullaje que no se fortalece, vehículos que no llegan a zonas rurales o centros de seguridad que no operan, denunció Moreno. Para los ciudadanos, esto puede traducirse en mayor inseguridad, más delitos y menor presencia del Estado.
El Ministerio dejó claro que si no se corrigen estas falencias, no habrá nuevas asignaciones de recursos para lo que resta del año. Esa es la condición para acceder a más apoyo financiero: presentación formal de proyectos, cumplimiento de requisitos y ejecución efectiva. No cumplir implica quedar excluido de futuras inversiones en seguridad local.
Analistas políticos y expertos en administración pública consultados por medios locales coinciden en que este tipo de reproches revela cuellos de botella estructurales en los gobiernos municipales: burocracia excesiva, debilidades técnicas, poca capacidad de planeación. También apuntan a la necesidad de mayor supervisión, acompañamiento institucional y controles externos para asegurar que los recursos no se quedan en papel.
En contraste, los mandatarios de algunos de estos municipios difunden que hay trámites pendientes, falta de personal capacitado, demoras en licencias o permisos y dificultades jurídicas con documentos exigidos por el Ministerio. Piden plazos, asistencia técnica y flexibilización administrativa para que estos proyectos puedan salir adelante.
El mensaje final del Ministerio del Interior fue contundente: “Durante el 2025 no tenemos nada aprobado por parte de ustedes”. Invitó a los alcaldes a trabajar con mayor diligencia porque, de lo contrario, los recursos se perderán. La pelota está en la cancha de los gobiernos locales, que deberán demostrar si actúan con responsabilidad frente al derecho a la seguridad de sus poblaciones.
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