El Ministerio de Transporte remitió a la Superintendencia de Transporte y a la Secretaría de Movilidad de Ibagué una denuncia ciudadana por presuntos incumplimientos en materia de accesibilidad del transporte público. La actuación busca verificar el estado de 41 busetas con plataformas para personas con movilidad reducida y las condiciones de la infraestructura de paraderos en la ciudad.
El Ministerio de Transporte trasladó oficialmente a las autoridades competentes una denuncia relacionada con presuntas fallas en la accesibilidad del sistema de transporte público de Ibagué, luego de recibir las quejas presentadas por la Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre y la Asociación ASOTPC.
Las comunicaciones oficiales, fechadas el 27 de julio de 2026, ordenan que la Secretaría de Movilidad de Ibagué y la Superintendencia de Transporte adelanten las actuaciones correspondientes para dar respuesta de fondo a los cuestionamientos planteados por los denunciantes y verificar el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal.
Uno de los principales puntos de la denuncia corresponde a la operación de 41 busetas equipadas con plataformas para personas con movilidad reducida. Según la información conocida, las organizaciones ciudadanas sostienen que persisten deficiencias en el funcionamiento de estos dispositivos, situación que, aseguran, ha sido advertida desde el año 2022.
En ese sentido, el Ministerio solicitó información detallada sobre el listado de placas de los vehículos involucrados, el estado actual de las rampas, los registros de mantenimiento preventivo y correctivo, así como los informes técnicos que acrediten la correcta operación de los equipos destinados a garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Otro de los aspectos incluidos en el requerimiento está relacionado con la infraestructura urbana. Las autoridades deberán presentar información sobre el número de paraderos tipo «banderín» existentes en la ciudad, los costos de su construcción e instalación, los estudios previos que respaldaron dichos contratos y la justificación técnica que demuestre el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de accesibilidad.
Adicionalmente, el Ministerio de Transporte pidió un informe técnico sobre las condiciones de accesibilidad de andenes y paraderos, acompañado de un plan de mejoramiento y un cronograma de ejecución que permita corregir las deficiencias detectadas y garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.
En un comunicado emitido el 30 de julio, la Veeduría de Servicios Públicos aseguró que el Ministerio confirmó que las observaciones formuladas desde 2022 continúan sin resolverse y que los compromisos consignados en el acta de seguimiento del 10 de julio de 2025, relacionados con la accesibilidad del transporte público, aún no habrían sido cumplidos. La organización también señaló que las empresas Cotrautol, Expreso Ibagué y Movilizando Ibagué no habrían acreditado, con la evidencia requerida, la operatividad de las plataformas, el mantenimiento de los vehículos ni la capacitación de los conductores.
Finalmente, el caso quedó en manos de la Superintendencia de Transporte, entidad que evaluará la apertura de investigaciones administrativas y la eventual imposición de sanciones, mientras la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio brindará acompañamiento técnico durante la próxima mesa de verificación en Ibagué. Los denunciantes también cuestionaron la falta de liderazgo institucional en la solución del problema y advirtieron sobre la ausencia de un censo actualizado de personas con discapacidad, elemento que consideran fundamental para diseñar políticas públicas de movilidad verdaderamente incluyentes.
