La Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo adelanta investigaciones por más de un centenar de quejas de trabajadores que aseguran que sus empleadores no han aplicado el aumento del salario mínimo decretado para 2026, mientras las centrales obreras llaman a denunciar y defender los derechos laborales.
La Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo confirmó que avanza en investigaciones frente a empresas que presuntamente se niegan a aplicar el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para el año 2026. Según la entidad, en lo corrido de enero se han recibido numerosas quejas que evidencian posibles incumplimientos de la normativa laboral vigente.
La directora regional del Ministerio del Trabajo, Lina Zaida Mendieta, reveló que durante este mes se han radicado 120 quejas formales de empleados que denuncian la negativa de sus empleadores a ajustar el salario con el aumento del 23,5 %. La funcionaria calificó la situación como compleja, pero reiteró que la entidad tiene la obligación de velar por los derechos de los trabajadores.
Mendieta explicó que, además de las quejas, se han acumulado cerca de 600 radicados entre consultas y reclamos, lo que representa un incremento aproximado del 25 % frente al mismo periodo del año anterior. Muchas de estas solicitudes están relacionadas con el no pago del salario vigente y con procesos de conciliación laboral.
Entre las consultas más frecuentes, la directora mencionó casos de despidos de mujeres en estado de embarazo, solicitudes de conciliación y requerimientos por incumplimientos contractuales. En comparación con enero del año pasado, el aumento oscila entre 120 y 150 trámites adicionales, lo que refleja una mayor demanda de acompañamiento institucional.
La funcionaria indicó que ya se adelantan investigaciones previas que permitirán determinar si existen méritos para realizar inspecciones presenciales en las empresas señaladas. De comprobarse el incumplimiento, se podrían iniciar procesos administrativos que incluyan requerimientos formales y eventuales sanciones por parte del Ministerio del Trabajo.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Tolima, Luis Carlos Arenales, recordó que el Gobierno nacional cuenta con más de 1.000 inspectores en todo el país para verificar que se cumpla el aumento del salario mínimo. Además, recomendó a los empleados afectados denunciar estos casos ante las centrales obreras para recibir orientación.
Arenales señaló que la negativa de algunos empleadores a aplicar el incremento salarial responde, según su interpretación, a una estrategia de sectores de la derecha para deslegitimar las medidas del Gobierno nacional. Afirmó que, en medio de la coyuntura electoral, se busca torpedear los avances del llamado Gobierno del cambio.
Finalmente, tanto el Ministerio del Trabajo como las organizaciones sindicales insistieron en la importancia de denunciar cualquier irregularidad. Coincidieron en que el cumplimiento del salario mínimo no es opcional, sino una obligación legal que debe respetarse para garantizar condiciones laborales dignas en el departamento y el país.
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