El documento dirigido a los mandatarios locales y al Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, hace por parte de las autoridades Civiles que menciona la Procuraduría para que apliquen de obligatorio cumplimiento las disposiciones legales en materia de atención de emergencias para prevenir cualquier catástrofe que se pueda generar en la zona de influencia del nevado del Ruiz.
Cómo responsables directos de las áreas municipales que se pueda ver afectados por una posible erupción del nevado del Ruiz, la Procuraduría Regional Tolima, señaló, “de la implementación de los procesos de gestión de riesgo en distritos o municipios, incluyendo conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”, además que de no cumplirse con esta función acarrearía en sanciones disciplinarias.
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Así mismo, el ente de control quiere conocer todos los planes de contingencia para atender actividad eruptiva del volcán, la estrategia de respuesta a emergencias, la integración de la gestión del riesgo y de manejo de cuencas hídricas en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la Constitución de fondos territoriales de gestión del riesgo y apropiaciones presupuestales para financiarlo.
En caso de que se evidencie una situación de emergencia, amenaza, vulnerabilidad o riesgo por el citado fenómeno natural, requirió adelantar de inmediato las acciones necesarias y pertinentes para enfrentar los efectos de la misma, incluyendo el monitoreo del estado de las vías de evacuación para la población ubicada en zonas de riesgo; realizar el censo de damnificados; y ejecutar el plan de acción específico para la recuperación, entre otras.
Asimismo, la Procuraduría solicitó al gobernador y a los alcaldes vincular a los órganos de control y al Ministerio Público al Puesto de Mando Unificado para la vigilancia del volcán Nevado del Ruiz, con el objeto de realizar una labor institucional anticipada y coordinada.
Finalmente, recordó que esta actuación preventiva no implica en modo alguno coadministración o injerencia en las decisiones de las entidades, el ente de control busca evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública.
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