La designación de Mario Montoya como Secretario de Hacienda del Líbano, Tolima, evidencia la consolidación de un bloque político entre la alcaldesa Beatriz Valencia, Guillermo Alfonso Jaramillo, el diputado Carlos Reyes y el excongresista José Elver Hernández “Choco”.
El reciente nombramiento de Mario Montoya como Secretario de Hacienda del Líbano, Tolima, ha generado debate en el ámbito político local, pues su cercanía con la corriente del exministro Guillermo Alfonso Jaramillo refuerza la hipótesis de un pacto político previo a las elecciones.
Según denuncias, antes de los comicios, Jaramillo habría apoyado a la entonces candidata Beatriz Valencia con una estrategia mediática que incluyó marchas y protestas simbólicas en defensa de la salud, lo que habría servido para posicionarla en la contienda electoral.
Dicha estrategia habría sido orquestada desde Bogotá e Ibagué con la participación de José Elver Hernández “Choco”, jefe político de la alcaldesa, y el diputado liberal Carlos Reyes. Con la llegada de Valencia al poder, este equipo se ha consolidado en la administración municipal.
Uno de los hechos que refuerzan esta tesis es el manejo del Hospital Alfonso Jaramillo Salazar, cuya intervención prometía mejoras en el sistema de salud. Sin embargo, denuncias ciudadanas indican que el servicio ha empeorado y que el único cambio visible ha sido el de color político, pasando de un dominio azul a uno rojo.
En medio de estas disputas políticas, el nombramiento de Mario Montoya ha generado inquietud en la comunidad. Montoya, quien trabajó como jefe de presupuesto en la Alcaldía de Ibagué durante la administración de Jaramillo, ha proyectado recaudar más de 8.000 millones de pesos en 2025, con el objetivo de alcanzar un presupuesto total de 16.000 millones de pesos en ingresos propios.
Para lograr esa meta, la administración municipal contempla medidas como órdenes de pago, embargos y secuestro de bienes, lo que ha despertado preocupación entre los habitantes del Líbano y propietarios de inmuebles, negocios y vehículos sujetos a impuestos municipales.
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La percepción en el municipio es que el nombramiento en la Secretaría de Hacienda no responde solo a criterios técnicos, sino que obedece a un acuerdo político que fortalece la influencia de Guillermo Alfonso Jaramillo en la administración de Beatriz Valencia.
Mientras la ciudadanía expresa su inconformidad, el gobierno local deberá demostrar que las decisiones tomadas no obedecen a intereses políticos sino al bienestar de los libanenses, quienes demandan una gestión eficiente y transparente.
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