Una mujer aseguró que ella, su madre y sus mascotas han sido víctimas de presuntas agresiones, amenazas y maltrato animal en una urbanización de Ibagué. Documentos oficiales y decisiones judiciales hacen parte de los argumentos con los que sustenta una disputa relacionada con el cobro de una administración que considera improcedente.
Una delicada denuncia pública realizó Natalia Perilla, quien afirmó que durante más de diez años ella y su madre han enfrentado presuntos actos de intimidación, agresiones verbales y situaciones que ponen en riesgo su tranquilidad dentro de una urbanización de la capital tolimense. Según su versión, los hechos estarían relacionados con diferencias jurídicas y administrativas sostenidas con una asociación de vecinos del sector.
La ciudadana manifestó que el conflicto surgió luego de que ella y su familia decidieran no vincularse económicamente a una organización comunitaria que administra algunos servicios del conjunto residencial. Asegura que desde entonces comenzaron una serie de desacuerdos que, con el paso de los años, habrían derivado en episodios de hostigamiento y confrontaciones permanentes.
De acuerdo con la denuncia, la preocupación principal radica en la situación de su madre, una adulta mayor que, según afirma, ha sido objeto de constantes señalamientos y expresiones ofensivas por parte de algunos residentes. Natalia indicó que el impacto emocional de estas situaciones ha generado temor y afectaciones en la calidad de vida de su núcleo familiar.
“Lo único que hemos pedido durante años es que se respeten nuestros derechos y que las autoridades nos protejan. Mi preocupación es por la seguridad de mi mamá y de nuestros animales”, expresó la denunciante, quien aseguró haber acudido en varias oportunidades ante entidades públicas para solicitar acompañamiento institucional.
Entre los elementos que sustentan su posición, la mujer presentó documentos oficiales relacionados con la situación jurídica de la urbanización. En uno de ellos, emitido por la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía de Ibagué en septiembre de 2024, se señala que existen afectaciones sobre espacio público asociadas a cerramientos, rejas y controles de acceso instalados en el sector.
Según el documento administrativo, la entidad indicó que no reposan registros que acrediten la existencia de un régimen de propiedad horizontal para la urbanización. Además, se advierte que algunas estructuras podrían estar limitando la libre circulación en áreas consideradas de uso público, aspecto que ha sido objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.
La denunciante también citó una providencia judicial de 2014 en la que se analizó la naturaleza jurídica del conjunto residencial. En dicho fallo se concluyó que la urbanización no estaba sometida al régimen de propiedad horizontal y que funcionaba bajo la figura de una asociación sin ánimo de lucro, creada para fines de organización y mantenimiento interno.
Otro de los puntos expuestos por Natalia está relacionado con el bienestar de sus mascotas. La mujer afirmó que algunos de sus perros, todos rescatados, habrían resultado afectados por presuntas fumigaciones realizadas en el sector. Incluso aseguró contar con conceptos veterinarios que advierten posibles afectaciones en la salud de los animales, situación que también fue puesta en conocimiento de las autoridades.
Asimismo, denunció que recientemente se habría registrado un altercado con un vigilante del sector. Según relató, un familiar suyo fue grabado con un teléfono celular durante una discusión y posteriormente intimidado con un machete. La situación, según manifestó, incrementó la preocupación de la familia por una posible escalada del conflicto.
Finalmente, Natalia Perilla hizo un llamado a la Personería, la Policía, la Alcaldía de Ibagué y demás organismos competentes para que revisen el caso y determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, insistió en que su principal interés es obtener garantías de seguridad para su madre y sus mascotas, así como una intervención institucional que permita poner fin a una controversia que, según afirma, se ha prolongado durante más de una década.
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