Con 49 votos en contra y 47 a favor, el Senado archivó la Consulta Popular del presidente Petro tras una jugada que incluyó el cierre prematuro de la votación, denunciada como ilegal por el Ejecutivo. El conservador Óscar Barreto, reconocido como el senador más acaudalado y con 30 inasistencias en 2024, jugó un papel decisivo en el rechazo de un mecanismo que pretendía fortalecer los derechos de los trabajadores colombianos.
El pasado 14 de mayo, la plenaria del Senado de la República sepultó la Consulta Popular laboral con un resultado de 49 votos en contra frente a 47 a favor, una derrota que el presidente Gustavo Petro calificó de fraudulenta tras el cierre abrupto del conteo cuando aún había un empate técnico .
La polémica se agudizó cuando desde China el mandatario denunció que “se hundió la consulta popular de forma fraudulenta” y acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de cerrar la votación apenas vio que los síes iban ganando .
Entre quienes contribuyeron a ese triunfo del No figura Óscar Barreto Quiroga, exgobernador del Tolima y líder conservador catalogado como el senador más rico de Colombia, con un patrimonio líquido de aproximadamente 9.491 millones de pesos según su declaración de bienes de 2024, y la Senadora Ana Paola Agudelo del Partido MIRA, de los Cristianos; esta última polémica porque les abrieron una investigación en el CNE por encuesta que no registraron y usaron para Votar en contra de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República.
El mismo análisis de la Revista Semana ubicó a Barreto como el segundo congresista con más ausencias: acumuló 30 faltas a sesiones plenarias durante 2024, solo por detrás del senador Lidio García .
Su participación en la votación, a pesar de su inasistencia frecuente al recinto, ha sido criticada como una “jugadita” de la clase política tradicional, acusada de anteponer intereses de élites empresariales sobre las necesidades de la clase trabajadora .
Además de su fortuna y sus ausencias, Barreto enfrenta una investigación de la Corte Suprema de Justicia por posibles delitos contra la administración pública, incluido contrato sin requisitos legales y peculado por apropiación durante su mandato como gobernador del Tolima .
Sindicalistas y organizaciones laborales han reaccionado con indignación, denunciando que los mismos políticos que históricamente han precarizado el trabajo hundieron ahora un mecanismo de democracia directa que exigía jornada de ocho horas, pago justo por turnos y formalización de plataformas digitales .
En el Tolima, gremios de maestros, líderes agrarios y colectivos sindicales han convocado marchas y plantones para exigir transparencia y castigo en las urnas contra quienes votaron en contra de la consulta .
Organizaciones sociales llaman a “defender las calles” y presionar al Congreso para que retome las reformas laborales por la vía legislativa, aunque admiten su desconfianza en una cámara dominada por intereses particulares .
El rechazo de la Consulta Popular simboliza, para muchos trabajadores, la traición de una democracia participativa secuestrada por un puñado de senadores, encabezados por el senador más rico y ausente, cuyo legado en el Tolima es cuestionado con cada ausencia, cada veto y cada investigación que enfrenta .
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