Óscar Barreto Quiroga, senador del Partido Conservador y exgobernador del Tolima, se posiciona como el congresista más rico del Senado colombiano, según un reciente análisis de las declaraciones patrimoniales de los legisladores.
Barreto informó un patrimonio líquido de 9.491 millones de pesos, cifra que destaca frente a la mayoría de sus colegas y supera los montos reportados por alcaldes de las principales ciudades del país.
El patrimonio de Barreto incluye dos propiedades inmobiliarias en Bogotá: una valorada en 5.059 millones de pesos y otra en 2.501 millones. Además, el senador declaró una cuenta de ahorros con un saldo de 1.276 millones de pesos al cierre de 2023.
Barreto también reportó su participación accionaria en la empresa inmobiliaria Pino Azul S.A.S., con sede en Antioquia, lo que refuerza su vinculación con el sector privado. En cuanto a ingresos, el congresista recibió 358 millones de pesos en salarios durante 2023, además de 222 millones en gastos de representación y 456 millones en arriendos, consolidando una sólida posición financiera.
El político tolimense inició su carrera pública como alcalde de Ibagué y luego ocupó en dos ocasiones el cargo de gobernador del Tolima. Esta trayectoria lo llevó a consolidar un grupo político influyente en la región, que lo catapultó al Senado en 2022, en su primer periodo como congresista.
Sin embargo, Barreto no presentó información sobre familiares trabajando en el sector público que pudieran generar conflictos de interés. No obstante, su primo Miguel Ángel Barreto también ocupa un escaño en el Senado por el mismo partido político.
El informe de la Revista Cambio destaca a Barreto como el senador más acaudalado del país forma parte de un ejercicio de transparencia sobre el patrimonio de los congresistas. Este tipo de investigaciones busca fomentar la rendición de cuentas y el escrutinio público sobre el manejo de los recursos y los posibles conflictos de interés en los altos cargos políticos.
La publicación de estos datos, aunque avalada por la ley, plantea interrogantes sobre la desigualdad económica en la representación política y la necesidad de garantizar que los intereses privados no interfieran con las responsabilidades públicas.
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