Una familia denunció que un Defensor de Familia del ICBF habría ordenado el traslado temporal de un adolescente a una fundación sin agotar, según su versión, las verificaciones correspondientes ni explicar de manera suficiente las razones de la medida. El caso ya fue puesto en conocimiento de varios organismos de control.
Una denuncia presentada por los padres de un menor de edad abrió un nuevo debate sobre la actuación de un Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La familia asegura que el funcionario dispuso la separación temporal del adolescente de su hogar sin realizar, presuntamente, todas las verificaciones previstas dentro del proceso de restablecimiento de derechos.
De acuerdo con el testimonio entregado por la madre, los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo de 2026, cuando acudió al Centro Zonal El Jordán del ICBF, ubicado en el edificio Frontera de Ibagué, con el propósito de recibir orientación frente a una situación familiar que atravesaba en ese momento.
Según la denunciante, durante su permanencia en la entidad fue atendida inicialmente por un profesional en nutrición y posteriormente por una trabajadora social y una psicóloga. Mientras se desarrollaban las entrevistas, el adolescente permanecía en la parte externa de las oficinas acompañado de su hermana.
La madre relató que, en medio del procedimiento, ingresó un Defensor de Familia, quien se presentó e informó que el menor sería retirado del lugar con fines de protección. Posteriormente, ambos fueron conducidos al despacho del funcionario para continuar con el procedimiento administrativo.
De acuerdo con la versión entregada por la familia, allí se le comunicó al adolescente que permanecería durante ese fin de semana en una fundación y que, posteriormente, se evaluaría si regresaba con su madre o era remitido a otra institución de protección, dependiendo de las decisiones adoptadas dentro del proceso.
Los padres sostienen que nunca recibieron una explicación clara sobre las razones jurídicas y técnicas que motivaron la medida. Además, aseguran que no se verificó la posibilidad de que el menor permaneciera bajo el cuidado de otros familiares, como su abuela, antes de ordenar su salida temporal del hogar.
Tras lo ocurrido, la familia afirma haber presentado solicitudes de información y quejas ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal de Ibagué y el propio ICBF. No obstante, manifiestan que posteriormente recibieron una comunicación electrónica en la que se les informaba que el caso había sido cerrado, decisión con la que expresan su inconformidad.
Los padres también destacaron que su hijo mantiene un buen desempeño académico, participa en actividades deportivas como el voleibol y, según su versión, no presenta antecedentes relacionados con consumo de sustancias psicoactivas ni permanencia en situación de calle. Finalmente, solicitaron que las autoridades revisen el procedimiento adelantado, esclarezcan lo sucedido y garanticen el acceso a la información del proceso. Este medio deja constancia de que la información corresponde a la denuncia realizada por los padres del menor y que el funcionario mencionado conserva plenamente su derecho a presentar su versión de los hechos, ejercer su derecho de contradicción y aportar las explicaciones que considere pertinentes.
