El presidente lanzó duras críticas contra la administración departamental por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, advirtiendo que los responsables enfrentarán la justicia.
El presidente Gustavo Petro arremetió con fuerza contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en medio de un discurso que puso en la lupa la corrupción alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El mandatario aseguró que en el departamento se “robaron la comida de los niños y jóvenes de los colegios” y que existen gobernadores que aún usan los recursos públicos con fines políticos y electorales, afectando a la población más vulnerable.
Petro no se guardó palabras para señalar lo que considera una práctica sistemática. “Se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios. Por codicia, corrupción profunda en departamentos y municipios”, afirmó. Además, acusó que detrás de los contratos con fundaciones sin función social se esconde la intención de desviar recursos que terminan en campañas políticas, generando un círculo vicioso de clientelismo y desigualdad.
El jefe de Estado también denunció que la compra de votos se alimenta con la miseria de los estudiantes. “Con la plata de la comida de los niños pobres compran el voto de los padres de los niños pobres. Y el padre y la madre hacen el peor negocio porque creen que se ganaron un billete el día de elecciones y votan es por el ladrón de la comida de sus hijos”, expresó, subiendo el tono de su intervención.
La frase que más impacto generó fue categórica: “El que haga eso se va para la cárcel. Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben”. Con ella, el presidente buscó dejar en claro que su gobierno no permitirá que el desvío de recursos continúe y que los responsables deberán responder ante la justicia por sus actos.
Estas acusaciones se apoyan en datos suministrados por el ministro de Educación, Daniel Rojas, y por el director de la Unidad de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera. Ambos funcionarios coincidieron en señalar que el Gobierno Nacional financió el 98% del PAE en el Tolima, mientras que la Gobernación apenas aportó el 2%. Pese a ello, el programa se suspendió por diez días, dejando a 77.000 estudiantes sin servicio en sus colegios.
Otro de los puntos que salieron a la luz fueron los sobrecostos. Según el reporte oficial, mientras que el promedio nacional de una ración escolar es de $6.000, en el Tolima se paga $8.379. Esta diferencia, sumada a las inconsistencias en el número de beneficiarios reportados, despierta dudas sobre la transparencia en la ejecución del contrato y la eficacia de la administración departamental en un tema tan sensible.
La suspensión del PAE por más de una semana encendió alarmas no solo en las comunidades educativas, sino también en la opinión pública. Padres de familia y estudiantes han manifestado su preocupación, pues para muchos niños este programa representa la única garantía de alimentación diaria. El impacto en la nutrición y en la asistencia escolar es evidente, y aumenta la presión sobre la gobernadora Matiz.
El discurso de Petro, lejos de ser aislado, se suma a una serie de advertencias que su gobierno ha lanzado frente al manejo de recursos en distintas regiones del país. La corrupción en programas sociales, especialmente los dirigidos a la niñez, es uno de los temas que el presidente ha señalado como prioridad en su lucha contra el clientelismo político. El caso del Tolima aparece ahora como un ejemplo de lo que no debe repetirse.
Con las denuncias en la mesa, la gobernadora Adriana Matiz queda en el ojo del huracán. Aunque hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones, el debate político en el Tolima se ha intensificado. Sectores de oposición exigen claridad sobre los contratos del PAE y piden que se determinen responsabilidades. Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias.
Finalmente, se conoció que en próximas entregas se revelarán detalles del operador del PAE en el Tolima y su presunta relación con clanes políticos que mantienen poder en la región. Este panorama plantea un escenario complejo en el que se entrecruzan denuncias de corrupción, luchas por la transparencia y un debate político que seguramente marcará la agenda regional en los próximos meses.
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