El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su satisfacción tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, destacando el retorno del Congreso como escenario de grandes transformaciones sociales. Sin embargo, Petro no ocultó su descontento por la eliminación de artículos que protegían a los jornaleros agrarios, a quienes considera una pieza fundamental en la equidad laboral del país.
Durante el segundo debate, la Cámara decidió suprimir los artículos 31, 32 y 33, que contemplaban el “Contrato Agropecuario”, el “Jornal Agropecuario” y las “Garantías para la Vivienda del Trabajador y la Trabajadora Rural”. La oposición celebró esta decisión, argumentando que evitaba un posible aumento del desempleo en las zonas rurales. No obstante, Petro advirtió que esta exclusión podría perpetuar la desigualdad en el campo colombiano.
El presidente calificó la aprobación de la reforma laboral como un paso histórico, comparándola con momentos trascendentales en la historia del país, como la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo y las reformas constitucionales de Alfonso López Pumarejo en 1936. Sin embargo, subrayó que no se puede considerar una victoria completa mientras se excluyan a sectores vulnerables como los jornaleros agrarios.
Petro enfatizó que la eliminación de estos artículos es un retroceso en los esfuerzos por lograr justicia social en el campo. “Es lamentable que los jornaleros hayan sido dejados de lado. La desigualdad en el sector rural es una realidad que no podemos ignorar”, afirmó, destacando la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores agrícolas.
En respuesta a los desafíos que enfrenta el sector agrario, el mandatario sugirió que el Gobierno implemente subsidios estatales para reducir los costos de producción, facilitando el acceso a insumos, energía eléctrica y tierras. Según Petro, la rentabilidad de la producción agrícola no debe basarse en la explotación de la mano de obra rural, sino en una gestión más equitativa de los recursos.
La reforma laboral, aunque aplaudida por el Ejecutivo, deja sobre la mesa una importante tarea pendiente: garantizar que las futuras reformas incluyan a los jornaleros agrarios y promuevan un desarrollo más justo en las zonas rurales del país.
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