El presidente Gustavo Petro aseguró que la actualización catastral busca equidad tributaria y responsabilizó a autoridades locales por el impuesto predial, mientras crece la tensión por protestas campesinas y bloqueos en varias regiones del país.
En medio de la creciente tensión por el paro campesino en varias regiones del país, el presidente Gustavo Petro salió a defender la actualización catastral y cuestionó las versiones que, según él, estarían desinformando a las comunidades rurales sobre el impacto del impuesto predial.
El mandatario aseguró que no es cierto que el proceso esté diseñado para afectar a los campesinos, sino que responde a una necesidad histórica de actualizar el valor real de los predios tras más de dos décadas sin ajustes. En ese sentido, insistió en que la medida busca corregir inequidades en el sistema tributario.
Petro fue enfático en señalar que el impuesto predial no depende del Gobierno Nacional, sino de las decisiones que toman alcaldes y concejos municipales, quienes tienen la facultad de ajustar tarifas e incluso exonerar a los sectores más vulnerables.
“El problema no es la actualización del catastro, sino cómo se está aplicando el impuesto”, ha reiterado el jefe de Estado, al tiempo que cuestionó que algunos sectores estén promoviendo protestas sin explicar el origen real de los cobros.
Las declaraciones del presidente se dan en un contexto de bloqueos y movilizaciones campesinas en departamentos como Santander y Boyacá, donde los incrementos en los avalúos han generado alzas significativas en el impuesto predial, en algunos casos consideradas impagables por los afectados.
Frente a estas protestas, Petro también advirtió sobre las consecuencias de cerrar vías y fronteras, señalando que estas acciones no afectan las economías ilegales, sino que, por el contrario, podrían fortalecer prácticas como el contrabando y el lavado de dinero.
En esa línea, recordó experiencias pasadas en las que el cierre de fronteras terminó favoreciendo a grupos ilegales, debilitando el comercio formal y afectando directamente a las comunidades que dependen de estas dinámicas económicas.
El pronunciamiento del mandatario reabre el debate nacional sobre la responsabilidad en la crisis del predial, en medio de un choque de versiones entre el Gobierno Nacional y autoridades territoriales, mientras las comunidades rurales exigen soluciones inmediatas.
Por ahora, el país sigue dividido entre quienes defienden la actualización catastral como una herramienta de justicia tributaria y quienes advierten que su implementación ha generado una presión económica insostenible para miles de campesinos.
