El mandatario colombiano iniciará acciones legales por calumnia contra su homólogo ecuatoriano, negando vínculos con alias Fito y cuestionando intereses políticos externos detrás de los señalamientos.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha formalizado su decisión de demandar penalmente al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, argumentando que las recientes declaraciones que lo vinculan indirectamente con el narcotraficante alias Fito constituyen una calumnia grave que afecta su integridad. Esta acción legal surge como una respuesta defensiva ante lo que Petro considera una narrativa infundada y malintencionada, diseñada para minar su credibilidad en el escenario internacional y nacional en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambas naciones andinas actualmente.
Para contrarrestar las críticas sobre una supuesta falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado, el jefe de Estado anunció que hará pública la lista detallada de ciudadanos ecuatorianos que han sido extraditados y capturados bajo su gestión administrativa. Según el mandatario, esta transparencia en la información de cooperación judicial busca disipar cualquier duda sobre la actividad de su gobierno frente al narcotráfico, demostrando que los resultados operativos en territorio colombiano han sido contundentes y desprovistos de cualquier tipo de complicidad delictiva.
En su defensa, Petro reconstruyó los detalles de su visita oficial a la ciudad de Manta durante la toma de posesión de Noboa, aclarando que su seguridad estuvo bajo el control absoluto de las fuerzas militares ecuatorianas y su escolta personal de la fuerza pública. El presidente enfatizó que fue el propio Noboa quien ordenó el despliegue del ejército para su protección continua, lo que invalidaría cualquier sospecha de reuniones clandestinas en cabañas de madera donde simplemente se dedicó a finalizar la escritura de su reciente libro.
El mandatario colombiano sugirió que detrás de estos ataques mediáticos y judiciales existen intereses coordinados por oficinas extranjeras en Ecuador y Colombia, vinculando a sectores de la oposición y figuras como el senador estadounidense Marco Rubio. Petro afirmó que hay una orden sistemática proveniente de sectores de la extrema derecha radicados en la Florida para desestabilizar su gobierno, utilizando la justicia y la opinión pública internacional como herramientas de presión política para aislar a Colombia de sus aliados regionales.
La fricción entre ambos líderes también se ha intensificado debido a la situación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno colombiano reconoce como un preso político debido a su supuesta condición de nacionalizado y su estado de salud actual. Petro denunció públicamente que Glas se encuentra en condiciones de extrema desnutrición dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, por lo que ha insistido formalmente en que sea entregado a Colombia para garantizar su bienestar y el respeto a los derechos humanos fundamentales.
El origen de esta escalada diplomática se remonta a una entrevista donde Noboa insinuó que el presidente colombiano coincidió con personas cercanas a la estructura criminal de alias Fito durante su estancia en la costa ecuatoriana hace meses. Aunque no hubo una afirmación directa de un encuentro, la sugerencia fue suficiente para que Petro endureciera su postura, calificando el trato recibido en Ecuador como displicente y motivado únicamente por su defensa de los derechos de los perseguidos políticos internacionales.
Este nuevo conflicto se suma a una lista de deterioros previos en la relación bilateral, marcados por disputas comerciales con aranceles que alcanzan el cien por ciento y acusaciones mutuas sobre el manejo de la frontera compartida. La falta de consenso en la lucha contra los grupos armados ilegales ha generado un clima de desconfianza que ahora trasciende lo diplomático para instalarse en los tribunales penales, poniendo en riesgo la estabilidad de los acuerdos de cooperación binacional vigentes.
Finalmente, el presidente colombiano reiteró que su estancia en Manta fue austera y verificada por periodistas que no hallaron lujos ni estridencias que respaldaran las versiones difundidas por el gobierno de Daniel Noboa recientemente en los medios. Con la demanda penal en curso, el escenario político regional se prepara para una confrontación legal sin precedentes entre dos jefes de Estado que, hasta hace poco, compartían agendas de seguridad en la compleja zona fronteriza del Pacífico sur.
