El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el caso judicial contra Álvaro Uribe, sugiriendo su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz. La propuesta genera debate por el contexto del Bloque Metro, la Hacienda Guacharacas y los alcances del sistema transicional frente a figuras del poder político.
El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al fallo judicial que declaró responsable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Petro propuso que Uribe considere someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y jurídico.
En su publicación, Petro recordó los orígenes del Bloque Metro, una estructura paramilitar activa en Antioquia, y la conexión con la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Ambos elementos han sido citados por el testigo clave del caso, Juan Guillermo Monsalve, quien ha vinculado al expresidente y a su hermano Santiago Uribe con la financiación de dicho grupo armado ilegal.
La mención del Bloque Metro reaviva una historia compleja sobre la violencia paramilitar en Colombia. No obstante, Petro reconoció que el proceso actual contra Uribe no tiene que ver directamente con estos vínculos, sino con su presunta intención de manipular testigos durante procesos judiciales anteriores, lo que constituye una conducta grave dentro del ámbito penal ordinario.
La invitación a acogerse a la JEP no es nueva dentro de algunos sectores de izquierda, que desde el inicio del caso han planteado la posibilidad de que figuras como Uribe respondan ante la justicia transicional. La JEP está diseñada para juzgar a quienes hayan tenido participación directa o indirecta en el conflicto armado, incluyendo agentes del Estado, empresarios y civiles colaboradores de grupos armados.
Sin embargo, esta posibilidad abre un debate profundo sobre la legitimidad del sistema. Para muchos sectores, la incorporación del expresidente Uribe a la JEP podría poner en entredicho el principio de equidad frente a los exintegrantes del Secretariado de las Farc, quienes enfrentan sanciones restaurativas por crímenes de guerra y lesa humanidad.
En ese contexto, se plantea una paradoja jurídica y ética: mientras exguerrilleros podrían pagar sus condenas sembrando árboles o construyendo escuelas, una figura como Uribe, acusado por delitos no relacionados con el conflicto armado directo, podría ser beneficiario de una sanción alternativa como la casa por cárcel o una medida restaurativa similar.
La propuesta presidencial también reavivó la controversia sobre el alcance y los límites de la JEP, especialmente en cuanto a su capacidad para juzgar a exfuncionarios de alto nivel. Aunque la justicia transicional busca priorizar verdad, reparación y no repetición, sectores conservadores han advertido que su uso con fines políticos puede debilitar su legitimidad.
Hasta el momento, el expresidente Uribe no ha respondido públicamente a la invitación del mandatario. No obstante, el debate sobre su papel en el conflicto armado y su posible sometimiento a la JEP podría escalar en los próximos días, a medida que avanza el proceso judicial y se conocen nuevas decisiones en el caso que ha captado la atención nacional.
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