El presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado protagonizan un nuevo choque institucional luego de que el alto tribunal pidiera respeto por la autonomía e independencia de la rama judicial. Este enfrentamiento surgió tras las declaraciones del mandatario en las que cuestionó las decisiones judiciales que han anulado varios de sus nombramientos diplomáticos, entre ellos el de Juan Pablo Castro como consejero en la embajada de Colombia en Francia.
El fin de semana pasado, Petro expresó su inconformidad por la decisión judicial, argumentando que el fallo “desmantela mi derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia”. Estas declaraciones generaron una respuesta contundente del Consejo de Estado, que calificó los comentarios como “graves, sistemáticos e irrespetuosos” y advirtió que ponen en
entredicho la honorabilidad y eficacia con la que actúa esa corporación judicial. Además, reiteraron que todas sus decisiones están ajustadas a la Constitución y la ley, bajo principios de autonomía e independencia judicial.
En un mensaje breve publicado este martes en su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Petro respondió sin referirse directamente a los magistrados: “Toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”. Esta declaración deja en claro su desacuerdo con lo señalado por el tribunal y refuerza su postura de defender su derecho a expresar críticas.
El Consejo de Estado, en cabeza de su presidente, Milton Chávez, ha insistido en que los comentarios del jefe de Estado envían un mensaje peligroso a la sociedad al sugerir que las decisiones judiciales tienen fines políticos o afectan la voluntad popular. Según el alto tribunal, este tipo de afirmaciones mina la **confianza ciudadana** en las instituciones judiciales y desconoce su función constitucional.
El presidente Petro, sin embargo, ha reiterado sus críticas no solo por los fallos relacionados con su política exterior, sino también por decisiones judiciales en temas como la doble militancia y las sanciones de la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular. Petro ha calificado estas acciones como una “perfidia” y ha mencionado la existencia de “golpes blandos”, lo que ha generado aún más tensión entre el poder Ejecutivo y Judicial.
Por su parte, el Consejo de Estado reafirmó su compromiso de actuar con independencia y responsabilidad, advirtiendo que los señalamientos del presidente pueden interpretarse como una **presión indebida** sobre la rama judicial. Además, enfatizó en que sus fallos no responden a intereses políticos, sino a procesos legales ajustados a los principios del Estado de Derecho.
Este episodio refleja un conflicto recurrente entre el mandatario y los órganos judiciales, que se ha intensificado con decisiones adversas para el gobierno en diversos sectores. Mientras Petro defiende su derecho a la crítica como parte del debate democrático, los magistrados insisten en que es necesario respetar las decisiones judiciales para no debilitar las instituciones ni alimentar la polarización.
En medio de la controversia, el llamado del Consejo de Estado es claro: preservar el equilibrio de poderes y la confianza ciudadana en la justicia. Por ahora, el presidente Gustavo Petro mantiene su posición crítica, asegurando que, aunque respeta las decisiones judiciales, no se le puede imponer silencio sobre temas que considera fundamentales para la democracia y el país.
