El presidente Gustavo Petro declaró la emergencia sanitaria y económica en el país por la propagación de la fiebre amarilla. Señaló a la Gobernación del Tolima de no girar recursos para contener el virus, lo que desató una confrontación pública con la mandataria Adriana Matiz y generó reacciones desde el Ministerio de Salud.
El pasado 15 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X la declaratoria de emergencia sanitaria y económica por el avance de la fiebre amarilla en Colombia, especialmente en el departamento del Tolima, donde se han registrado 61 casos y 23 muertes. La enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, también ha afectado a otras regiones como Putumayo, Meta, Huila, Caldas y Vaupés.
Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado arremetió contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al acusarla de no haber girado recursos desde la administración departamental para enfrentar el brote. Según el mandatario, la falta de apoyo local ha dificultado el control del virus en esa zona crítica del país.
La respuesta de Matiz no se hizo esperar. En su cuenta de X, la Gobernadora negó enfáticamente las acusaciones del presidente. “¡Presidente Gustavo Petro, NO MIENTA SOBRE MÍ! No le hace bien al país mentir y endilgarme falsas responsabilidades sin fundamento”, escribió la mandataria, en una publicación que rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales.
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El cruce de señalamientos se intensificó cuando César Picón, director de desarrollo de talento humano en salud y encargado de la Gestión Territorial y Emergencias del Ministerio de Salud, salió en defensa del presidente. Desde su cuenta de Facebook, afirmó que es “totalmente cierto” que la Gobernación del Tolima no ha aportado recursos significativos a la respuesta sanitaria.
Picón explicó que el Ministerio ha liderado la estrategia desde hace siete meses, financiando equipos de vacunación, enviando asistencia técnica y movilizando recursos para apoyar a los municipios más afectados. “Los alcaldes y gerentes de hospitales se han puesto la camiseta, a pesar de sus escasos recursos”, señaló.
En su publicación, también criticó a Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, por alegar falta de lineamientos ambientales. “¿Se habrá enterado de las resoluciones de Minsalud que les asignan responsabilidades? ¿Sabe que sus funcionarios asistieron al taller de vigilancia integrada en febrero?”, cuestionó.
La controversia ha dejado al descubierto una preocupante falta de coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades regionales en el manejo de la crisis. Mientras la enfermedad continúa expandiéndose y cobrando vidas, los desacuerdos políticos parecen opacar la urgencia de una respuesta articulada y eficaz.
Frente a este escenario, la ciudadanía se pregunta quién tiene la responsabilidad real en la prevención del brote y exigen acciones inmediatas por parte de todas las entidades involucradas, más allá de los señalamientos mutuos.
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