Cuatro asociaciones de recicladores de Ibagué que aglutinan a cerca de 600 hombres y mujeres humildes acaban de radicar en la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, una queja contra la directora de Cortolima, el Alcalde de Ibagué y tres mandatarios más del departamento.
Los acusan de competencia desleal por la violación a la normatividad que regula la actividad al querer adelantar con millonarios recursos públicos un proyecto que pondría en riesgo a más de 800 familias dedicadas a esa labor.
El “mico”, se debe a que la directora de Cortolima quiere que mediante la modalidad de mercados circulares se intercambien parte de los productos alimenticios de estas huertas por material de reciclaje como papel, cartón, botellas, plásticos, hierro y otros, que son ni más ni menos el oxígeno del que derivan su sustento las familias dedicadas a recoger basura reutilizable. Algo que según el abogado Joaquín Torres, el Rey de las Tutelas en Colombia, ha prohibido expresamente la Corte Constitucional.
Los afectados han manifestado que este proyecto viola disposiciones del Decreto 1077 de 2015, proferido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, especialmente porque el mismo no está contemplado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS).
El programa de intercambio de reciclaje por alimentos no se encuentra incluido y desarrollado en el PGIRS del municipio de Ibagué, tampoco en el resto del departamento del Tolima, motivo por el cual, además de ser violatorio de los artículos precitados, no les resulta válido implementarlo.
En esta iniciativa, que arrancará además, en un piloto en Anzoátegui, Ortega y Villahermosa, pretende ser replicada a futuro en 33 poblaciones más del Tolima.
- Puede leer: Tolima en alerta por altas temperaturas
La misma idea intentó ser puesta en marcha en el 2019 por el exgobernador Óscar Barreto, pero la rápida queja de las mismas asociaciones y una acción de tutela, lograron frenar esa primera intentona.
Tres cosas adicionales en este problema: En Ibagué solo se recoge el 3% del potencial del reciclaje. Interaseo, el gran jugador de las basuras en Colombia, también tiene interés en la tajada restante del 97%, es decir, que los humildes recicladores tienen otra dura competencia con la firma antioqueña.
Hay que recordar que la sentencia C793/09 de la Honorable Corte Constitucional señala lo siguiente:
“Los recicladores informales constituyen un grupo social que, como alternativa de supervivencia, se dedica al reciclaje de basuras, en condiciones de marginamiento y discriminación, razón por la cual, el Estado, no solamente está obligado a adoptar las acciones positivas que sean necesarias para ayudarles a superar la condición de exclusión social en la que viven, sino que debe abstenerse de adoptar medidas que, aunque, con carácter general y abstracto, pretendan impulsar finalidades constitucionalmente legítimas, tengan un impacto desproporcionado sobre la actividad que, como medio de subsistencia, realizan los recicladores informales, sin ofrecerles de manera simultánea, alternativas adecuadas de ingreso”.
