La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, junto con su secretario de Gobierno, Edward Amaya, protagonizaron una polémica al llevar a estudiantes de colegios públicos al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué (Coiba), conocido como la cárcel de Picaleña. La actividad, que denominaron como “terapia de choque”, buscaba que los jóvenes experimentaran las condiciones de estar recluidos en una prisión de máxima seguridad como una forma de concienciarlos sobre las consecuencias de la delincuencia.
La jornada ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde se han difundido imágenes de los estudiantes siendo sometidos a intensas requisas y vendados en los ojos antes de ingresar al complejo carcelario. Si bien la alcaldesa Aranda defendió la estrategia como una medida para sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto de la criminalidad, muchos han cuestionado la efectividad y la ética de esta iniciativa.
El concejal Andrés Zambrano, del partido Alianza Verde, calificó la estrategia como “totalmente ineficaz” y señaló que ignoraba las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades. Zambrano abogó por soluciones reales que brinden oportunidades a los jóvenes en lugar de llevarlos a las cárceles.
La actividad, que forma parte del programa “Delinquir no paga”, ha recibido tanto apoyo como críticas, con algunos ciudadanos expresando su preocupación por el impacto psicológico que podría tener en los estudiantes. La comparación con las prácticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ha sido objeto de debate, con algunos considerando la “terapia de choque” como una medida violenta y agresiva.
En medio de la controversia, la administración municipal ha defendido su iniciativa como un esfuerzo por salvar vidas y transformar el territorio, aunque las opiniones divergentes continúan alimentando el debate sobre la efectividad y la ética de este enfoque para abordar la delincuencia juvenil.