La Procuraduría General de la Nación ha desmentido la denuncia emitida por la ONU sobre la supuesta presencia de 20.000 cadáveres no identificados en hangares del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Javier Sarmiento, delegado de Derechos Humanos de la entidad, aseguró que, tras una inspección exhaustiva, no se encontraron evidencias que sustenten esta grave acusación.
La inspección incluyó una revisión detallada de los 27 hangares concesionados en la terminal aérea, verificando que estos se destinan exclusivamente a actividades propias de la operación aeroportuaria, como talleres de mantenimiento de aeronaves y equipos de apoyo en tierra. Según Sarmiento, no se identificaron espacios habilitados para la conservación de restos humanos.
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Además, el funcionario manifestó que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN), Medicina Legal, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) han sido requeridos para recopilar y contrastar cualquier información relacionada con esta denuncia. Hasta el momento, ninguna institución ha reportado datos que respalden las afirmaciones realizadas.
En cuanto al origen del informe, Sarmiento expresó dudas sobre su veracidad, argumentando que podría tratarse de un error o un intento deliberado de desinformar. “Es casi inverosímil pensar que se puedan apilar 20.000 cuerpos en un hangar del aeropuerto; equivaldría a medio estadio El Campín”, afirmó.
El informe de la ONU, que consta de 11 páginas, se basa en reuniones realizadas con autoridades y organizaciones civiles en ocho departamentos del país durante una semana. Sin embargo, el delegado de la Procuraduría señaló que en ninguno de estos encuentros se mencionó información que sustente la cifra reportada.
Por su parte, Sarmiento confirmó que no ha habido contacto directo entre la Procuraduría y la ONU tras la inspección. Según explicó, cualquier comunicación adicional sobre el tema corresponde al Gobierno Nacional, representado por la Cancillería.
El delegado también destacó que, si bien no se encontraron pruebas en este caso, el fenómeno de la desaparición forzada sigue siendo una realidad alarmante en Colombia. “El informe menciona otras situaciones que sí reflejan problemas existentes en el país y que no podemos desconocer”, puntualizó.
Las autoridades continuarán investigando la denuncia para esclarecer los hechos y evitar que información errada genere alarma pública. Entretanto, el Gobierno ha instado a la ONU a proporcionar más detalles sobre las fuentes y procedimientos utilizados para emitir su reporte.
