El ente de control investiga a Álvaro Augusto Prada Rueda por presuntamente autorizar espectáculos taurinos en predios urbanos sin licencias ni planes de seguridad, pese a advertencias técnicas y decomisos de Cortolima.
La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos disciplinarios contra el alcalde de El Guamo, Tolima, Álvaro Augusto Prada Rueda, por presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes al autorizar la realización de espectáculos taurinos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. La decisión fue adoptada el 20 de agosto de 2025 por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral, tras encontrar posibles irregularidades en la autorización de dichos eventos.
De acuerdo con el ente de control, el mandatario local habría permitido la celebración de corridas de toros en un predio urbano del municipio, sin contar con licencia urbanística, aval ambiental ni plan de gestión del riesgo. Esta situación, según la investigación, puso en peligro la seguridad de los asistentes y vulneró los principios de legalidad y responsabilidad que deben regir la función pública.
El material probatorio recaudado indica que, pese a las advertencias de varias entidades técnicas, el alcalde dio luz verde a la realización del evento. Entre esas advertencias se encuentra la emitida por Cortolima, que había decomisado madera de procedencia no identificada utilizada en la construcción del coliseo taurino. La falta de control sobre estos materiales incrementaba los riesgos para los espectadores.
La Procuraduría señaló que el comportamiento del alcalde Prada Rueda podría configurarse como doloso, es decir, con plena conciencia de que su decisión contradecía la normativa vigente. Para el ente de control, esta conducta constituye un posible acto de negligencia grave, pues ignoró deliberadamente los riesgos advertidos por las autoridades ambientales y urbanísticas.
La investigación disciplinaria sostiene que los hechos analizados podrían catalogarse como una falta grave cometida a título de dolo. Según el Código Disciplinario Único, este tipo de infracciones afectan el cumplimiento de los deberes esenciales del cargo y ponen en entredicho la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Dentro del expediente reposan informes técnicos, comunicaciones oficiales y actas de inspección que detallan las falencias en materia de seguridad y legalidad del evento taurino. La Procuraduría resaltó que, en todos los documentos, se recomendaba suspender o negar la autorización de la actividad por el alto riesgo que representaba para la comunidad.
La formulación de cargos abre un proceso en el que se evaluará si el alcalde vulneró los principios de transparencia, legalidad y protección ciudadana. El ente de control recordó que los servidores públicos tienen la obligación de velar porque cualquier evento masivo cumpla con los requisitos legales y de seguridad que garanticen la integridad de los asistentes.
Por ahora, el alcalde Álvaro Augusto Prada Rueda tendrá la posibilidad de presentar sus descargos y aportar pruebas en su defensa. De encontrarse responsable, la Procuraduría podría imponer sanciones que van desde la suspensión temporal en el ejercicio del cargo hasta la destitución e inhabilidad para ocupar funciones públicas en el futuro.
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