En Ibagué, el proyecto del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta continúa envuelto en polémica. La Procuraduría Provincial de Instrucción ha decidido iniciar un proceso disciplinario por la selección del contratista encargado de la obra, generando mayores interrogantes sobre la transparencia en el proceso de adjudicación.
Según la Veeduría Más Tolima, la Procuraduría ha tomado acción debido a las irregularidades en la selección del Consorcio Puente Carrera Quinta, conformado por las empresas BGDSA SAS (70%) y Mineros e Ingenieros SAS (10%), representadas legalmente por Roberto José Gutiérrez Danies. El Consorcio se completa con Megaobras Infraestructura SAS (10%) y el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto (10%) (La Veeduría Más Tolima).
El antecedente del contratista plantea preocupaciones sobre la idoneidad de su selección para el proyecto, ya que ha sido sancionado y multado en el pasado por incumplimientos en obras realizadas en el departamento de Córdoba. A pesar de estas irregularidades, la Secretaría de Infraestructura decidió adjudicarle el proyecto por un valor de $40.000 millones.
La apertura del proceso disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación se suma a la investigación en curso y podría resultar en sanciones para la Secretaría de Infraestructura. Esto podría tener un impacto significativo en el desarrollo del proyecto y en la imagen de la administración municipal.
A pesar de las controversias, la ejecución del proyecto sigue en marcha, con la pavimentación de las vías adyacentes y la implementación de un escáner 3D para identificar el inventario de las redes secas y húmedas. Sin embargo, la incertidumbre y la falta de transparencia en la selección del contratista plantean serias dudas sobre el futuro de la obra.
La selección de un contratista con un historial de sanciones por incumplimientos en obras anteriores genera cuestionamientos sobre la efectividad de los procesos de selección y supervisión de la Alcaldía de Ibagué. Los ciudadanos exigen una mayor rigurosidad y transparencia en estos procesos para evitar situaciones similares en el futuro.
Finalmente, este caso resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la ejecución de obras públicas, así como de fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas. La transparencia y la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura son fundamentales para garantizar el desarrollo adecuado de las ciudades y el bienestar de sus habitantes.
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