El martes 11 de julio de 2023, a partir de las 9 de la mañana, los funcionarios de la Procuraduría ingresaron a las oficinas ubicadas en el sexto piso del edificio del centro comercial Acqua. Se enfocaron en la búsqueda de pruebas vinculadas a la contratación llevada a cabo por el SETP, incluyendo proyectos como la construcción del puente de la calle 60, la peatonalización de la calle 3 entre la 15 y la 19, y la pavimentación de la carrera quinta, así como la asignación del recaudo del transporte público a una empresa de Barranquilla, entre otros.
El personal del SETP fue tomado por sorpresa ante esta intervención, y se les solicitó no manipular el sistema de la entidad durante la inspección, con el fin de evitar la alteración de posibles pruebas. Hasta el momento, el operativo se ha llevado a cabo con total hermetismo, y los detalles sobre el desarrollo de la diligencia han sido escasos. Sin embargo, se espera que la Procuraduría recoja información relevante que permita esclarecer las denuncias sobre supuestas irregularidades en la gestión del SETP.
La implementación del sistema de recaudo centralizado del SETP ha sido objeto de preocupación y dudas en relación con su proceso de adjudicación. Ante estas inquietudes, se ha solicitado la intervención de la Procuraduría para asegurar la transparencia en el proceso y llevar a cabo una vigilancia especial.
El abogado Camilo Ossa ha expresado que el gerente del SETP de Ibagué descartó propuestas de ciertos transportadores alegando que no cumplían con los requisitos establecidos por la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, se ha cuestionado la falta de un análisis detallado de los incumplimientos en la decisión del gerente. Esta situación plantea interrogantes, ya que el Setp no ha iniciado un proceso licitatorio ni ha recibido propuestas de entidades públicas para un convenio interadministrativo, tal como lo estipula la ley.
De acuerdo con el inciso sexto del artículo 117 de la mencionada ley, en casos en los que existen múltiples operadores de transporte, se permite su participación en la operación y administración del sistema de recaudo, siempre y cuando se conformen en un único agente recaudador. En caso de que no se logre la participación de todos los operadores, el SETP debe realizar una licitación pública o celebrar un convenio interadministrativo para asignar la operación del servicio de recaudo centralizado.
Finalmente, ante estas circunstancias, surge la posibilidad de irregularidades en el proceso de adjudicación del recaudo centralizado del SETP en Ibagué. La falta de un análisis detallado, la ausencia de un proceso licitatorio y la carencia de propuestas de entidades públicas pueden generar dudas sobre la transparencia y legalidad de dicho proceso. La intervención de la Procuraduría busca esclarecer estas cuestiones y garantizar que se tomen las medidas adecuadas en caso de encontrarse anomalías en la gestión del Setp.
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