La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Diana Magaly Caro Galindo, alcaldesa de Santa Isabel, debido a presuntas omisiones en la respuesta a cuatro solicitudes de información presentadas por concejales de la oposición. Estas acciones podrían haber comprometido el ejercicio de control político en el municipio.
Según la queja presentada, la alcaldesa Caro Galindo no respondió de manera oportuna y adecuada a las solicitudes de información realizadas por los concejales opositores. Durante una sesión plenaria, la alcaldesa señaló que respondería a las peticiones conforme a la normativa del derecho fundamental de petición, lo cual, según los informantes, no se alinea con el Estatuto de la Oposición Política.
El Estatuto de la Oposición Política garantiza a los concejales acceso a la información y documentación oficial con mayor celeridad, algo que, aparentemente, fue ignorado por la mandataria local. La falta de respuesta a las peticiones de los concejales ha generado preocupación sobre la transparencia y el acceso a la información en la administración municipal.
En respuesta a estas alegaciones, la Procuraduría ha ordenado la recopilación de pruebas para determinar cómo se gestionaron las peticiones y verificar los soportes del envío y entrega de las respuestas. Esta investigación buscará establecer si realmente hubo omisión o respuesta parcial por parte de la administración municipal. En caso de confirmarse la falta de respuesta o la respuesta parcial, la administración municipal deberá justificar las razones de hecho y de derecho que les impidieron cumplir con las solicitudes, aportando los respectivos soportes.
La apertura de esta investigación destaca la importancia del control político y la transparencia en la gestión pública. La Procuraduría General de la Nación continuará con la práctica de pruebas y la evaluación de los hechos para determinar si hubo algún incumplimiento de las normas por parte de la alcaldesa de Santa Isabel.
Esta situación ha generado un ambiente de tensión en el municipio, con concejales y ciudadanos atentos al desarrollo de la investigación. La claridad y transparencia en este proceso serán fundamentales para restablecer la confianza en la administración municipal y en el ejercicio del control político.
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