La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria en contra de Jorge Alberto Calderón Barón, quien se desempeña como interventor y representante legal del Consorcio Zonas WiFi. Esta acción se deriva de presuntas irregularidades en la supervisión y ejecución de un contrato destinado a proveer servicio de internet a través de zonas wifi en áreas rurales del departamento del Tolima.
De acuerdo con el Ministerio Público, Calderón Barón, en su rol de interventor, no habría exigido la calidad adecuada de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal. Además, aparentemente no verificó el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias mínimas, lo que podría haber afectado la efectividad del servicio prestado.
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El contrato, suscrito por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), estaba destinado a dotar de internet a trece centros poblados del Tolima. Sin embargo, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal informó que los entregables del contrato fueron recibidos a satisfacción, sin considerar las posibles deficiencias reportadas, como la intermitencia en la conexión, la lentitud del servicio, y la inactividad o falta de funcionamiento de algunos puntos de acceso.
Entre los municipios afectados por estas supuestas fallas se encuentran Dolores, Murillo, Santa Isabel, Carmen de Apicalá, Alvarado, Rovira, Ambalema y Natagaima. En Ataco, a pesar de estar incluido en el contrato, no se llevó a cabo la instalación del servicio.
La Procuraduría ha señalado que esta etapa procesal tiene como objetivo verificar la veracidad de los hechos denunciados, determinar si constituyen una falta disciplinaria, y establecer si el interventor actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad, especialmente en las zonas rurales que dependen del acceso a internet para múltiples actividades educativas y económicas. La falta de un servicio de calidad en estas áreas subraya la importancia de una correcta ejecución y supervisión de los contratos estatales.
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