La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Ibagué por presuntas irregularidades en el contrato de infraestructura vial para la construcción de un puente elevado sobre la carrera Quinta con calle 60. Se indaga si se pagaron cerca de $1.928 millones al interventor del proyecto sin que el avance de la obra correspondiera a lo estipulado en el contrato.
Los exsecretarios de Infraestructura, Sharon Dayana Guzmán González (2023) y Leonel Alfredo Nieto Suárez (2023-2024), son señalados de aprobar los pagos al contratista interventor sin garantizar el cumplimiento de los términos de ejecución pactados con el consorcio Conexión Vial 60. Además, los entonces directores técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Diego Fernando Herrán Triana (2023-2024) y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez (2023-2024), también están bajo investigación.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, se estudia si la Alcaldía modificó la forma de pago establecida en el contrato, contraviniendo los pliegos de condiciones. Se sospecha que se desembolsó el 85 % del valor total del contrato cuando la obra apenas habría avanzado un 5,67 %.
Otro de los puntos en investigación es la posible omisión en la publicación de las actas y documentos de pago en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que podría indicar falta de transparencia en el proceso. Además, se revisarán los informes técnicos utilizados para justificar los pagos.
La Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas para determinar si hubo conductas disciplinarias sancionables y si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. También se les informó sobre la posibilidad de acogerse a beneficios por confesión o aceptación de cargos.
Asimismo, el ente de control notificó al personero de Ibagué y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía, con la advertencia de que no podrán adelantar investigaciones paralelas sobre estos hechos y deberán remitir el expediente original a la Procuraduría.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la gestión de los recursos públicos en Ibagué, una ciudad que ha enfrentado múltiples controversias en materia de contratación de infraestructura. La comunidad y los organismos de control estarán atentos a los resultados de esta investigación.
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