Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la pavimentación de la vía de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra dos exsecretarias de Infraestructura del Tolima por presuntas irregularidades en la pavimentación de la vía El Salado – San Bernardo. Este proyecto, con una inversión de $14.000 millones, se ejecutó durante los mandatos de los exgobernadores Óscar Barreto y Ricardo Orozco.

Las exfuncionarias Diana Esperanza Cifuentes Quintero, secretaria de Infraestructura en el segundo periodo de Barreto (2018-2019), y Claudia Paola Muñoz Barreto, quien ocupó el cargo bajo la administración de Orozco (2019-2022), están siendo investigadas por la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima. La entidad busca determinar si hubo irregularidades que afectaron el desarrollo del proyecto, lo que habría generado adiciones presupuestales del 50% y retrasos considerables, extendiendo el plazo de 300 días a más de 1.100.

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Las irregularidades investigadas incluyen improvisación en la ejecución, mala estructuración del presupuesto y deficiencias en las especificaciones técnicas. Estos problemas obligaron a ajustar sobre la marcha aspectos que debieron haber sido previstos con una correcta planificación.

“La Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas para establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares que son objeto de investigación”, informó la entidad. Además, se advirtió sobre un posible detrimento patrimonial de $297 millones, derivado de las deficiencias en la ejecución del proyecto.

También están siendo investigados Felipe Andrés Lombo Vergara, supervisor del contrato y entonces profesional de la Secretaría de Infraestructura, y Aura López Mendoza, exrepresentante legal del Consorcio Ingescorp E&S, que tuvo a su cargo la interventoría del contrato bilateral suscrito con la Unión Temporal San Bernardo.

El proyecto de pavimentación de la vía El Salado – San Bernardo fue presentado como una iniciativa esencial para mejorar la conectividad y la infraestructura vial en Tolima. Sin embargo, los retrasos y sobrecostos han generado preocupación entre los residentes y autoridades locales.

Estas investigaciones son parte de un esfuerzo más amplio por esclarecer y sancionar posibles actos de corrupción en la gestión de recursos públicos, especialmente en proyectos de infraestructura que son cruciales para el desarrollo regional.