El Ministerio Público exigió a las autoridades suspender la construcción y uso de la estructura destinada a las tradicionales corralejas, tras evidenciarse el uso ilegal de materiales y desacato de medidas ambientales.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión inmediata de las tradicionales corralejas en el municipio de El Guamo, Tolima, debido al incumplimiento de medidas preventivas ambientales y al uso de materiales sin permisos legales.
En un comunicado oficial, el ente de control indicó que el material decomisado no contaba con los permisos válidos ni se acreditó su procedencia legal. A pesar de ello, el 80% del mismo fue utilizado para levantar la estructura de la corraleja, lo que constituye una contravención directa a la medida preventiva previamente impuesta.
La Procuraduría advirtió que la inacción frente a esta situación ha resultado inane y, por tanto, ordenó a las autoridades competentes proceder sin dilaciones para garantizar el cumplimiento de la norma ambiental establecida en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.
Se hace énfasis en que las normas ambientales son de orden público, lo que implica un cumplimiento obligatorio tanto para los ciudadanos como para las autoridades encargadas de hacerlas valer, incluidas las entidades locales que habían autorizado la realización del evento.
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Además, el Ministerio Público instó a imponer una medida preventiva subsidiaria de suspensión total de la actividad constructiva y del uso de la corraleja, de acuerdo con el informe emitido por Cortolima No. 805 del 30 de mayo de 2025.
El documento evidencia una falta de diligencia por parte de las autoridades municipales para garantizar el cumplimiento de la decisión administrativa, poniendo en riesgo la legalidad ambiental y la seguridad pública.
Las corralejas, tradicionalmente programadas durante las festividades locales, ya habían generado preocupación por parte de defensores de los derechos animales y sectores ciudadanos que ven en este tipo de espectáculos una práctica anacrónica y riesgosa.
Con esta determinación, la Procuraduría no solo reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad ambiental, sino que también marca un precedente frente a la permisividad con prácticas culturales que no respetan la normatividad vigente.
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