El Ministerio Público emitió un concepto favorable en favor de los comerciantes del corregimiento de Gualanday, Coello, quienes han luchado por el reconocimiento de sus derechos tras la apertura del viaducto. Un fallo de acción popular podría definir su futuro.
Luego de años de lucha, los comerciantes del corregimiento de Gualanday, en el municipio de Coello, podrían recibir justicia. La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto favorable que reconoce la vulneración de sus derechos tras la construcción del viaducto de Gualanday. Ahora, la comunidad espera un fallo definitivo en el proceso de acción popular que interpusieron en 2019.
Andrés Bohórquez, líder social de la zona, explicó en diálogo con LAOTRAVERDAD.CO que el impacto de la infraestructura dejó sin ingresos a numerosos comerciantes, quienes dependían del flujo vehicular de la antigua vía. “Advertimos desde hace años que esto sucedería, pero las administraciones municipales hicieron caso omiso a nuestras peticiones”, aseguró.
Según Bohórquez, la acción popular busca que se garantice un espacio de comercio adecuado en el parador turístico proyectado para la comunidad. Sin embargo, los comerciantes solo han recibido un terreno sin condiciones dignas ni acceso a servicios públicos, lo que ha limitado sus posibilidades de recuperación económica.
Las entidades demandadas en el proceso incluyen a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Coello, la Gobernación del Tolima y la concesionaria encargada de la obra, hoy denominada APP GICA S.A.S. Todas han negado su responsabilidad en la afectación de los comerciantes, lo que ha prolongado la incertidumbre para las familias afectadas.
La Procuraduría ha señalado que los derechos de los comerciantes deben ser protegidos, especialmente para aquellos que puedan demostrar que ejercían su actividad antes de la construcción del viaducto. Este pronunciamiento genera expectativas en la comunidad, que aguarda una decisión judicial que respalde sus reclamos.
“La crisis se ha agravado con el tiempo, y con la llegada de Semana Santa y otras festividades, la gente quiere empezar a trabajar. Muchas mujeres comerciantes han sido especialmente afectadas y esperan que sus derechos sean protegidos”, expresó Bohórquez.
El fallo de la acción popular será clave para definir si los comerciantes de Gualanday recibirán el respaldo necesario para reactivar su economía. Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo soluciones concretas y el reconocimiento de sus derechos por parte de las autoridades.
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