La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha puesto en marcha una vigilancia preventiva y control de gestión en actividades con concentración de equinos, luego de que durante la cabalgata realizada el domingo 25 de junio en El Espinal un caballo resultara afectado. Ante este hecho, el Ministerio Público ha solicitado un informe a 11 alcaldes del Tolima.
La Procuraduría ha señalado que las cabalgatas programadas durante las festividades municipales deben cumplir con la debida reglamentación y la normativa contra el Maltrato Animal, garantizando la protección e integridad de los animales como seres sintientes. Asimismo, recordó las consideraciones del Tribunal Administrativo del Tolima en relación a la protección de los derechos e intereses colectivos.
En este sentido, se ha solicitado a los alcaldes de Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo que proporcionen información detallada sobre los desfiles de caballos programados para los meses de junio y julio de 2023 en cada municipio.
Entre los datos requeridos se encuentran el tipo de evento, nombre, fecha, duración, recorrido y área de influencia de cada cabalgata, así como los responsables de su organización, aportes, costos e inversiones de cada administración municipal, destinos de los recursos y número estimado de participantes y jinetes inscritos en cada evento.
Además, se solicita que se aporte documentación sobre las licencias zoosanitarias y/o permisos del ICA, así como protocolos de medidas y controles sanitarios para los equinos participantes. También se requiere información sobre instalaciones adecuadas para el manejo de los animales durante el evento, disponibilidad de agua potable, sistema de limpieza de estiércol y desecho, protocolo de transporte y condiciones de seguridad, asistencia veterinaria y atención de animales heridos, y disponibilidad de atención médica para los jinetes.
Asimismo, se solicita confirmar la presencia de puestos de control de la fuerza pública y organismos de socorro, la regulación del consumo de bebidas alcohólicas y la participación de menores de edad, así como los controles de emisiones de ruido y presión sonora que no afecten a los equinos y participantes. Por último, se requiere información sobre la existencia de una reglamentación actualizada y socializada para el desarrollo de este tipo de eventos.
La solicitud de la Procuraduría busca garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, así como la protección de los derechos colectivos, la vida, la integridad de los espectadores y jinetes participantes, y la protección de los seres sintientes en el marco de las festividades folclóricas en el Tolima.
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