La Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Líbano emitieron nuevas advertencias a la Alcaldía de esta localidad, luego de detectar presuntos incumplimientos a órdenes judiciales que involucran a dependencias municipales. Las actuaciones buscan garantizar el respeto a las decisiones judiciales y la correcta administración pública en el norte del Tolima.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Judicial I de Ibagué, a cargo del doctor Óscar Alberto Jarro Díaz, comunicó al ciudadano Yamit Antonio Mendieta Veloza —demandante en un proceso de simple nulidad— que se solicitó al juzgado acelerar el trámite y que se evalúa la apertura de un incidente sancionatorio contra el funcionario responsable del desacato.
De acuerdo con el órgano de control, el proceso se adelanta conforme al artículo 44 del Código General del Proceso, que faculta sancionar a quienes incumplan las decisiones judiciales. Esta medida se adoptaría si la Alcaldía persiste en no acatar las órdenes previamente emitidas por el despacho judicial.
Paralelamente, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal admitió una acción de tutela presentada por el mismo ciudadano contra la Alcaldía, la Inspección de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Hacienda Municipal. El recurso alega vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición.
El auto judicial exige a las entidades accionadas remitir de manera inmediata la documentación correspondiente y responder dentro de los plazos establecidos, advirtiendo que la falta de cumplimiento podría acarrear consecuencias disciplinarias o judiciales para los funcionarios responsables.
Las recientes decisiones reflejan la creciente preocupación de las autoridades judiciales y disciplinarias ante el incumplimiento de los fallos judiciales por parte de algunos funcionarios municipales. En este contexto, los órganos de control recordaron que la omisión de las órdenes judiciales vulnera el principio de separación de poderes y mina la confianza institucional.
Tanto la Procuraduría como el Juzgado reiteraron su llamado a la Administración Municipal para que garantice el cumplimiento inmediato de los fallos judiciales y respete la independencia de la rama judicial. La alcaldesa del Líbano fue exhortada a adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas sanciones o incidentes de desacato.
El respeto a las decisiones judiciales, recordaron las autoridades, no solo constituye una obligación legal, sino un compromiso ético con el Estado Social de Derecho. Su desconocimiento, además de afectar la credibilidad institucional, puede derivar en sanciones disciplinarias, administrativas e incluso penales para los funcionarios involucrados.
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