Residentes aseguran que, además de los retrasos en la entrega de parqueaderos y torres, enfrentan un aumento de hasta el 83 % en la cuota de administración, problemas de seguridad, fallas estructurales y un conjunto residencial que, según afirman, está lejos de lo que les prometieron al momento de la compra.
Lo que comenzó como una inconformidad por la demora en la entrega de parqueaderos terminó destapando una serie de denuncias que hoy tienen en alerta a decenas de propietarios del conjunto residencial Hábitat Los Ocobos II, en Ibagué. Los residentes aseguran que no solo persisten los incumplimientos en la ejecución del proyecto, sino que ahora enfrentan una compleja situación financiera, deudas millonarias en la copropiedad, fallas en la infraestructura y problemas de seguridad que, afirman, afectan su calidad de vida.
Según los propietarios, hay 84 apartamentos que corresponden a la constructora de los 462 que hay en total, pero la administración provisional habría informado pasivos cercanos a 258 millones de pesos, mientras que la cartera por cuotas de administración asciende a cerca de 68 millones. A esto se sumarían obligaciones pendientes con las empresas encargadas de vigilancia, aseo y mantenimiento de ascensores, entre ellas una deuda superior a 209 millones de pesos con la empresa de seguridad.
«Nos vendieron un proyecto y nos entregaron otro»
Entre los testimonios recopilados por este medio se encuentra el de una compradora que asegura que la torre donde adquirió su apartamento debía ser entregada en noviembre del año pasado, pero la construcción aún no inicia.
La residente afirmó que, además del retraso, el ingreso al conjunto continúa en malas condiciones y que incluso ha sufrido dos caídas debido al estado de la vía.
«No hay una entrada digna para ingresar. Ya me he caído dos veces porque el piso es totalmente deforme. Estamos rodeados de un potrero y no hay un parqueadero acorde a lo que nos ofrecieron. Siento que vulneraron nuestros derechos porque el proyecto que nos vendieron en los folletos no es el que estamos viviendo», manifestó.
La propietaria agregó que su apartamento presenta humedades desde el día de la entrega y, pese a los reportes realizados a la constructora, asegura que el problema continúa sin solución.
También cuestionó el cambio de estratificación del proyecto.
«Nos ofrecieron apartamentos estrato 2 y ahora estamos pagando predial como estrato 3. Solo este año pagué cerca de $600.000 por un apartamento que sigue presentando múltiples problemas», señaló.
Parqueaderos siguen sin fecha definitiva
La ausencia de parqueaderos continúa siendo uno de los principales motivos de inconformidad.
Un comprador, quien aseguró haber adquirido su vivienda en 2019, afirmó que pagó el apartamento con parqueadero incluido; sin embargo, al momento de escriturar este no aparecía registrado y, seis años después, aún no ha sido construido.
«Siempre nos dicen que debemos esperar a que el proyecto llegue al punto de equilibrio. Nunca entregan una fecha clara y mientras tanto nuestros vehículos permanecen al sol y al agua deteriorándose. Nadie responde por esos daños», indicó.
Los propietarios recuerdan que durante la reciente mesa de diálogo con la constructora se habló de una fecha tentativa para iniciar la construcción entre marzo y abril de 2027, condicionada a que la tercera etapa alcance el 65 % de ventas.
Denuncian falta de transparencia financiera
Otra de las mayores preocupaciones de la comunidad tiene que ver con el manejo económico de la copropiedad.
Lorena Villamizar, representante de varios propietarios, aseguró que desde que la constructora impuso una administración provisional en marzo de 2024 solicitaron conocer contratos, soportes de gastos y estados financieros, información que, según afirma, solo fue entregada después del plantón realizado frente a la empresa.
Al revisar la documentación, asegura que encontraron inconsistencias relacionadas con un presunto aporte económico que debía realizar la constructora para cubrir el déficit presupuestal.
Según explicó, en los estados financieros de 2025 figuraba una cuenta por cobrar superior a 116 millones de pesos a la constructora; sin embargo, dicho reconocimiento desapareció en los informes correspondientes a 2026.
«Hoy la administración nos dice que la constructora ya no va a aportar esos recursos porque no está obligada por el reglamento de propiedad horizontal. Eso significa que finalmente quienes tendremos que responder por esas deudas seremos los propietarios», advirtió.
La vocera también manifestó preocupación porque, pese a que el proyecto aún no alcanza ni el 50 % de ocupación, la nueva administración propuso incrementos de hasta el 83 % en las cuotas de administración, que podrían llegar a los 150.000 pesos mensuales.
Las denuncias también incluyen problemas relacionados con la seguridad del conjunto.
Estiven Barragán, uno de los propietarios, aseguró que durante uno de los sismos registrados el año pasado la puerta de emergencia no funcionó, situación que obligó a varias familias a permanecer encerradas porque tampoco era posible utilizar el ascensor.
«Presentamos derechos de petición y nunca recibimos respuesta. Lo único que hicieron fue retirar la puerta, pero nunca solucionaron el problema», afirmó.
El residente también denunció que dentro del conjunto se han registrado hurtos de motocicletas, robo de autopartes y combustible, mientras que durante varios meses las cámaras de seguridad permanecieron fuera de servicio.
«Cuando ocurrían los robos no había cómo revisar las grabaciones porque las cámaras no funcionaban. Solo después del plantón fueron reparadas», aseguró.
Más problemas sin resolver
Durante el recorrido realizado por el conjunto, los propietarios también mostraron otras situaciones que, según afirman, permanecen sin solución.
Entre ellas se encuentra una fuga de agua en el cuarto de bombas que completa cerca de cuatro meses, inconvenientes con los contadores eléctricos instalados en las torres 12 y 13 —que, según indican, no son aceptados por Celsia—, deterioro en las vías internas de acceso y la falta de habilitación de la entrada principal del proyecto.
Los residentes también cuestionan que, pese a las múltiples falencias denunciadas, la constructora ya no estaría realizando aportes económicos para el funcionamiento de las zonas comunes, aun cuando el proyecto continúa en construcción.
Los propietarios aseguraron que, aunque la constructora adquirió compromisos tras el reciente plantón, continuarán haciendo seguimiento a cada uno de ellos y no descartan acudir nuevamente a acciones jurídicas o movilizaciones si no se materializan las soluciones prometidas.
