Esta mañana, habitantes de los municipios de Líbano, Murillo, Casabianca y otras localidades del norte del Tolima realizaron un plantón en el sitio La Esperanza, punto estratégico que conecta las carreteras Murillo-Manizales y Fresno-Manizales. La protesta, liderada por el veedor social Dairo Castellanos, se llevó a cabo para expresar su rechazo al fallo de tutela 1716 emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Según Castellanos, la decisión del magistrado responsable del fallo, que afecta a más de 10.000 habitantes de la región, fue tomada de manera unilateral, sin activar el comité de cumplimiento y basándose en “apreciaciones subjetivas” y no en pruebas verificables. La medida, argumentan los manifestantes, está perjudicando gravemente la economía de la zona.
“No hay ninguna evidencia de deforestación, tala, quema de bosque nativo o depredación en el Parque Natural de los Nevados”, afirmó Castellanos. Además, señaló que la Fiscalía no ha reportado hechos que sustenten las afirmaciones contenidas en la tutela, lo que, en su opinión, desacredita la base legal del fallo judicial.
El veedor social también denunció que la tutela parece estar sustentada en argumentos jurídicos relacionados con un caso en Anorí, Antioquia, y no en la realidad del municipio de Líbano. “El magistrado incurrió en un error jurídico gravísimo que atenta contra el debido proceso. Esta tutela es un constreñimiento ilegal a una población productiva que está asfixiando la economía de Murillo y amenaza con arrasar con la del Líbano”, añadió.
La comunidad afectada expresó su preocupación por el impacto que esta decisión tiene en sus vidas. Según los manifestantes, el fallo judicial amenaza los medios de subsistencia de miles de personas, quienes dependen de actividades legales y sostenibles para su economía.
“No hay guerrilla, no hay minería activa, no hay ganadería invasiva. Lo único ilegal aquí es una tutela que está generando un estado de conmoción interna”, enfatizó Castellanos durante la protesta. Estas palabras reflejan el sentir generalizado de los habitantes, quienes exigen una revisión inmediata de la decisión judicial.
La tutela 1716, que supuestamente busca proteger el medio ambiente en el Parque Natural de los Nevados, ha generado un profundo malestar en la región, donde las comunidades aseguran ser respetuosas de la normatividad ambiental. Para ellos, el fallo no solo es injusto, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica de los municipios afectados.
Los manifestantes hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales para que intervengan y revisen el caso, con el fin de evitar que la medida continúe afectando a las familias de esta región del Tolima. La movilización concluyó con un mensaje de unidad y resistencia frente a lo que consideran un atropello judicial.
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