Hay algo profundamente humano en que Ibagué abra sus puertas, recoja alimentos, envíe ayudas y ponga a disposición de otros territorios sus organismos de socorro. En momentos de tragedia, la solidaridad no se discute.
Pero precisamente porque queremos a nuestra ciudad, hay una pregunta que la alcaldesa Johana Aranda debería responderle a los ibaguereños:
¿Quién está cuidando a Ibagué mientras Ibagué está ayudando a los demás?
No es una pregunta contra San Luis. No es una pregunta contra Pereira. No es una pregunta contra nuestros hermanos del Tolima ni contra las comunidades que hoy sufren.
Es una pregunta sobre prioridades. Porque Ibagué también está en emergencia.
El municipio fue incluido entre los 17 municipios del Tolima que permanecían en alerta roja por riesgo de incendios forestales. Y durante los primeros seis meses del año, los Bomberos de Ibagué reportaron 1.060 emergencias relacionadas con incendios forestales, quemas menores y quemas prohibidas. Y la situación no se detuvo.
La propia Alcaldía ha denunciado que algunos de los incendios que se presentan en Ibagué podrían ser provocados y ha llamado a la ciudadanía a denunciar a quienes estén detrás de estas acciones. Entonces la pregunta es inevitable:
¿Tenemos suficientemente fortalecidos nuestros Bomberos para atender simultáneamente una emergencia dentro de Ibagué mientras enviamos personal y maquinaria a otros municipios? Porque el 12 de agosto, Ibagué envió cerca de 20 unidades, tres máquinas extintoras y dos vehículos de desplazamiento rápido a San Luis durante dos días. Y aquí quiero ser absolutamente clara: está bien ayudar a San Luis. Está bien ayudar a Pereira. Está bien ayudar a cualquier municipio que lo necesite.
Lo que no puede estar bien es que la solidaridad hacia afuera termine haciendo invisible la emergencia de adentro. Ibagué necesita saber cuál es hoy su capacidad real de respuesta.
¿Tenemos suficientes máquinas? ¿Tenemos suficientes bomberos? ¿Tenemos suficiente agua para combatir incendios? ¿Tenemos carrotanques disponibles? ¿Tenemos vigilancia permanente sobre las zonas rurales y los puntos críticos? ¿Tenemos un sistema efectivo para detectar incendios antes de que se conviertan en tragedias ¿Tenemos recursos suficientes para proteger nuestras fuentes hídricas?
Porque apagar un incendio no comienza cuando aparecen las llamas. Comienza mucho antes. Y comienza también protegiendo el agua.
¿Y qué pasa con el agua de Ibagué?
Mientras enviamos ayuda humanitaria hacia otros territorios, dentro de Ibagué todavía existen preguntas que no han recibido respuestas suficientemente contundentes. Está el caso de Arboleda Campestre.
Los habitantes han denunciado durante años problemas relacionados con el abastecimiento y la calidad del agua. En abril de 2026, veedores llegaron incluso a denunciar públicamente presunta contaminación del agua y cuestionaron las condiciones de la planta de tratamiento.
En junio, además, habitantes de diferentes conjuntos volvieron a denunciar problemas de suministro. El IBAL explicó que algunas afectaciones obedecían a situaciones particulares de la infraestructura interna de los conjuntos, mientras que en otros momentos la empresa atribuyó afectaciones generales a problemas de captación en la bocatoma del Combeima por sedimentos. Pero precisamente por eso la pregunta sigue vigente:
¿Dónde están los resultados definitivos, públicos y verificables sobre la calidad del agua que consumen los habitantes de Arboleda Campestre?
No basta con decir que el problema es interno. No basta con decir que el servicio se normalizó. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está tomando. Y mientras discutimos esto, Ibagué todavía tiene pendientes enormes en materia de infraestructura hídrica.
La quinta fase del Acueducto Complementario fue adjudicada en junio por más de $18.000 millones para fortalecer el suministro hacia la comuna 7 y El Salado. Pero al mismo tiempo, una auditoría de la Contraloría General de la República reportó graves problemas en el Acueducto Complementario y señaló que el llamado Tanque Sur, con un costo de $2.429 millones, no está operando por falta de viabilidad técnica; el informe identificó además 20 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $11.202 millones.
Entonces, ¿no deberíamos estar hablando de esto con la misma intensidad con la que hablamos de enviar ayudas a otros territorios? Y aparece San Luis. Aquí hay otra discusión que Ibagué no puede esquivar.
Cemex tiene en Ibagué una de sus principales plantas de producción en Colombia y se abastece de caliza proveniente de la mina de Payandé, en el municipio de San Luis. Durante años ha existido una controversia tributaria y fiscal alrededor de la operación de Cemex en San Luis y de dónde deben generarse determinados ingresos tributarios. El propio Consejo de Estado ha conocido procesos entre Cemex y el municipio de San Luis relacionados con regalías e impuestos.
Incluso, en 2017, el entonces alcalde de San Luis señaló públicamente que Ibagué recibía cerca de $4.000 millones de Cemex mientras San Luis recibía mucho menos, pese a que las afectaciones de la actividad minera recaían sobre su territorio. Esto merece una discusión seria, actualizada y documentada.
Porque si San Luis soporta una parte importante de los impactos territoriales de la explotación y Ibagué concentra buena parte de la actividad industrial, la pregunta no debería ser solamente cuánto dinero recibe cada municipio.
La pregunta debería ser:
¿Quién asume los costos ambientales, sociales y territoriales de esa actividad y quién recibe sus beneficios?
Y en medio de los incendios que hoy consumen al Tolima, esa discusión adquiere todavía más importancia. Alcaldesa: primero, la casa. La alcaldesa tiene todo el derecho —y también el deber humano— de ser solidaria.
Pero su responsabilidad constitucional e institucional empieza por Ibagué.
No podemos convertir la solidaridad en una vitrina política mientras dentro de la ciudad quedan preguntas sin responder. Queremos saber si nuestros Bomberos están suficientemente dotados. Queremos saber cuánto se ha invertido realmente en prevención. Queremos saber cuántos equipos están operativos hoy, no cuánto se piensa comprar. Queremos saber qué está ocurriendo con nuestras plantas de tratamiento. Queremos respuestas sobre Arboleda Campestre. Queremos saber qué está pasando con nuestras fuentes hídricas. Queremos saber cómo se está protegiendo el Cañón del Combeima y las demás fuentes que abastecen a la ciudad.
Y queremos saber qué está haciendo la Alcaldía frente a los incendios que, según la propia administración, podrían estar siendo provocados.
Porque Ibagué no puede ser solamente la ciudad que ayuda a los demás. También tiene que ser una ciudad capaz de cuidarse a sí misma. Ayudar a San Luis, sí. Ayudar a Pereira, sí. Ayudar al Tolima, sí. Ayudar a Colombia, sí.
Pero primero hay que garantizar que Ibagué tenga agua, bomberos, prevención, capacidad de respuesta y protección ambiental. Porque una alcaldesa puede ser solidaria con todo el país. Pero la primera casa que tiene la obligación de proteger… es Ibagué.
