El precandidato presidencial Daniel Quintero denunció a Alfredo Bocanegra por presunta participación indebida en política, tras declaraciones en su contra sobre el caso Aguas Vivas. La Procuraduría deberá determinar si hubo falta disciplinaria.
El panorama político en el Tolima se tensó tras la demanda presentada por el precandidato presidencial Daniel Quintero ante la Procuraduría General de la Nación contra Alfredo Bocanegra, actual secretario de Seguridad del departamento. La acción legal obedece a unas declaraciones atribuidas al funcionario, en las que presuntamente calificó al exalcalde de Medellín como “bandido”.
Según Quintero, este señalamiento vulnera las normas de imparcialidad que deben regir a los servidores públicos, especialmente en tiempos de contienda electoral. El exmandatario enfrenta una investigación en la Fiscalía por el caso Aguas Vivas, pero insiste en que las acusaciones no pueden convertirse en insumo de confrontación política por parte de funcionarios en ejercicio.
La solicitud formal fue presentada por Juan David Duque, jefe de debate de la campaña presidencial de Quintero, quien pidió abrir una investigación disciplinaria contra Bocanegra. Duque afirmó que este comportamiento constituye una “participación indebida en política” y solicitó incluso medidas preventivas para evitar que se utilicen recursos oficiales en contra de su precandidatura.
“Señor secretario de Seguridad del Tolima, usted está participando en política. He solicitado a la @PGN_COL que investigue su actuación y proceda, si es el caso, con una sanción preventiva”, escribió Duque en la red social X. Estas declaraciones acompañaron la radicación de la queja disciplinaria en Bogotá.
La demanda busca que la Procuraduría determine si las expresiones de Bocanegra configuran una falta grave en los términos del Código Disciplinario Único. La norma prohíbe a funcionarios públicos intervenir en debates partidistas o emitir opiniones que afecten su neutralidad institucional frente a candidatos en competencia.
Por su parte, el secretario Alfredo Bocanegra reaccionó también a través de sus redes sociales. Argumentó que sus opiniones no pueden considerarse violatorias de la ley, puesto que fueron expresadas “desde una cuenta personal y no institucional”. Con ello, defendió su derecho a pronunciarse como ciudadano en temas de interés público.
No obstante, expertos en derecho administrativo advierten que, aun cuando se trate de cuentas personales, los funcionarios en ejercicio deben cuidar sus intervenciones públicas, pues sus palabras pueden ser interpretadas como mensajes con peso institucional. La frontera entre lo personal y lo oficial se torna difusa cuando se ejerce un cargo de alto nivel.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la admisión de la demanda. Sin embargo, el caso promete avivar el debate sobre los límites entre la libre expresión de los funcionarios y la obligación de neutralidad en el marco de un proceso electoral.
Este episodio se suma a un ambiente político marcado por la polarización y las disputas entre sectores tradicionales y alternativos. La decisión de la Procuraduría será clave no solo para resolver la controversia puntual, sino también para sentar un precedente en torno a la participación de los servidores públicos en debates de carácter político.
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